CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE PROHIBIR LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA: ALEIDA ALAVEZ
16 de Febrero de 2016
• Debemos atajar cualquier intento privatizador y defender este derecho humano, señaló
• En un punto de acuerdo que presentará a la Diputación Permanente convoca a todos los involucrados a no permitir la privatización en ninguna de las etapas del proceso de la gestión y manejo del vital líquido
Para defender el derecho humano al agua, la Constitución Política de la Ciudad de México debe consagrar en su texto la prohibición explícita a todo intento privatizador en el manejo y gestión del vital líquido, demandó la diputada de morena Aleida Alavez Ruiz.
La diputada llamó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al grupo redactor de la Constitución Política de la Ciudad de México incluir en el proyecto de redacción, la prohibición de privatizar en todos y cada uno de sus procesos posibles de manejo y gestión del agua. Es decir, extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas como garantía del derecho humano al agua.
Alavez Ruiz adelantó que en la sesión de mañana de la Diputación Permanente presentará un punto de acuerdo en el que convoca a todos los involucrados a defender el derecho humano al agua, consagrado ya en nuestra Carta magna.
Esta solicitud, explicó, es para atajar cualquier intento privatizador como el vivido entre febrero y abril del año pasado en la LXII Legislatura federal, cuando se intentó sorprender con una Ley General de Aguas que privilegiaba concesionar todo el proceso de gestión y administración del agua por 30 años, que podrían ser prorrogables.
En esta iniciativa, recordó, sólo les faltaba privatizar el agua de lluvia. No se evaluaba la disponibilidad del recurso en la cuenca, la existencia de estrés hídrico o impacto ambiental y social, además de permitir las transferencias de las concesiones, las herencias y otras curiosidades en favor del capital privado.
PRI y PAN, fieles a su espíritu privatizador de todos los bienes de la nación, hicieron de lado la iniciativa de la sociedad civil que partía de la defensa del derecho humano al agua para imponer una privatización disfrazada que significaba renunciar a las funciones esenciales del Estado y entregarlas al capital privado.
Entre los efectos que una privatización traería a la Ciudad de México, mencionó la desproporcionada elevación de las tarifas que tendría que pagar el consumidor, la desaparición de la condonación del pago del servicio de agua potable y a la sequía a la que se condenaría a los habitantes de las zonas donde tradicionalmente escasea el vital líquido, como Iztapalapa.
Aunado a los daños a la población, este tipo de medidas atentan contra la soberanía y autonomía de las entidades, con la finalidad de dotar de certeza jurídica a los concesionarios.
Una privatización, agregó, implicaría que las políticas tarifarias no las dictaría el Congreso local, por lo que estarían sujetas a los precios que impusieran los concesionarios propietarios de las fuentes de abastecimiento.
Es fundamental cerrar las puertas a todo intento privatizador y plasmarlo en nuestra Constitución local. “Si es verdad que no hay un intento privatizador, se debe afianzar este derecho humano en nuestro nuevo marco local que le dé a la ciudadanía la certeza de que el agua es un derecho de todas y todos y no una mercancía sujeta a los criterios del mercado”.
