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CONTINÚAN LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO



19 de Marzo de 2016

Boletín # 326


· Trabajo, educación, equidad de género, sexualidad, medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, los temas más discutidos durante la sesión de hoy

Como parte de la Reforma Política, la diputada juvenil Frida Angélica Gómez Pérez propuso durante la jornada legislativa de hoy del Parlamento de la Juventud de la Ciudad de México Rumbo al Constituyente, crear un Consejo para las Juventudes en las alcaldías, a fin de que adolescentes ejerciten sus derechos políticos, presenten demandas ciudadanas y hagan observaciones a políticas públicas.

En abono a las propuestas en materia laboral, la parlamentaria Alma Hernández Quiroz planteó crear un fondo para la Juventud de la Ciudad de México, en el que se contemple apoyar a jóvenes que quieran fundar una empresa; aunado a esto, presentó otra propuesta para que el gobierno local respalde incubadoras de empresas juveniles.

Respecto de este tema, la diputada Karla Gabriela Sánchez Acevedo solicitó mayor apoyo a quienes deseen estudiar y trabajar al mismo tiempo, ya sea por iniciativa propia o a falta de recursos económicos. Lo anterior, dijo, se lograría a través de programas vinculados al sector laboral que garanticen el derecho a una educación de calidad y respeto a los derechos laborales adquiridos.

En torno de la educación con enfoque de equidad de género, la parlamentaria Ingrid Scarlett Mellado Martínez exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a incorporar en sus programas y planes de estudio términos relacionados con la igualdad; además, pidió considerar la creación de un Consejo Juvenil Pro Equidad dentro de las demarcaciones de la Ciudad de México que vigile que estos principios se cumplan.

El parlamentario Samuel Bautista Mora leyó una petición por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), al Jefe de Gobierno, al grupo de redactores de la Constitución, así como a la Asamblea Constituyente para que la Carta Magna ordene la reglamentación de infraestructura tecnológica, como son sensores y tecnología móvil para monitorear el flujo del agua y garantizar su correcto aprovechamiento.

Para que la Constitución de la Ciudad de México obligue al gobierno local a proteger el medio ambiente e impulsar el transporte sustentable, el diputado juvenil Guillermo Daffir Madrigal Monroy presentó un punto de acuerdo.

En su oportunidad, el parlamentario Alberto Alejandro Martínez Martínez demandó a través de un punto de acuerdo al gobierno y al Congreso de la Unión que se comprometan a ofrecer mayor presupuesto y trabajo para la juventud de la Ciudad de México.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Christian Eduardo Apolonio González realizó un exhorto para que en el texto constitucional local respalde el Artículo 3 de la Carta Magna referente a la educación laica y gratuita. También pidió crear un órgano descentralizado que coadyuve con la SEP para que difundan el extenso glosario español, conceptos importantes y transversales a fin de expandir el conocimiento e impulse el interés en la lectura.

A su vez, el parlamentario Irving Maas Echeverría señaló necesario que el Constituyente avale en la Constitución local fortalecer la lucha contra la discriminación de la Ciudad de México con un marco jurídico, y que a través de este puedan combatirse actos que den un trato de inferioridad a una persona o a un grupo por motivos raciales, generacionales, religiosos, políticos y que atenten contra la dignidad humana.

En otro punto de acuerdo, el diputado Daniel Olvera Contreras consideró que el gobierno local tiene que incluir a las y los jóvenes en cargos públicos de todos los niveles de gobierno. Con ello, abundó, daría paso efectivo a un servicio profesional de carrera y se ampliaría también la participación política en la elección de cargos de representación popular.

A fin de crear organismos que vigilen aspectos ambientales, la parlamentaria Miriam Reyes Hernández instó al gobierno local a instalar módulos en diferentes puntos de la ciudad donde los habitantes que hagan denuncias de tipo ambiental puedan dar seguimiento legal y administrativo a sus demandas.

El diputado Manuel Antonio Vázquez Valadez instó al gobierno local a que en el ámbito de sus competencias proporcione educación sexual y reproductiva de carácter obligatorio, además de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para los jóvenes, independientemente de sus condiciones de género, orientación sexual, etnia, discapacidad y condición socioeconómica.

El diputado juvenil Eduardo Manuel Calderón Bautista señaló que la Constitución de la Ciudad de México tiene que incluir un modelo de seguridad con enfoque ciudadano mediante mecanismos transversales en materia de prevención, reinserción social y gobierno. Agregó que la policía de contacto a través de herramientas tecnológicas es una medida eficaz que podría implementarse.

José Luis Gallegos Quezada, también diputado juvenil, pidió que se incluya por lo menos a un joven nominado en las listas de los partidos políticos para la Asamblea Constituyente.

En su oportunidad, la parlamentaria Maribel González Victoriano consideró necesario empoderar a las mujeres en todas las instituciones políticas de la Ciudad de México para abatir la discriminación laboral y conceder el mismo salario a hombres y mujeres en igualdad de condiciones y capacidades.

La parlamentaria Bárbara Libertad Cayetano Coxtinica suscribió un exhorto al Jefe de Gobierno que haga efectiva la salud integral de los jóvenes capitalinos a través de la incorporación en el texto de la Constitución de la Ciudad de México, el reconocimiento a menores de edad para el goce y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Con la creación de un organismo descentralizado, de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Centro de Seguimiento y Control en Materia de Educación (CESMEDU), se lograría, de acuerdo con el diputado Maximilano López Moreno, más participación de las asociaciones y organizaciones civiles. Este organismo permitiría dilucidar, aportar, enriquecer y trabajar en conjunto para enriquecer los programas educativos.

En un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), la parlamentaria juvenil Samanta Guadalupe Rosas Nieva pidió formalizar legalmente el concepto de ciudad sustentable “Ecociudad”, para que se establezcan en el texto constitucional una reglamentación que obligue a aplicar mecanismos eficaces de movilidad sustentable, además del programa Ecobici.

Con la finalidad de atender al principio de paridad de género y equidad, y dotar de una perspectiva joven a la forma de gobierno de la ciudad, el diputado Julio César Segura Flores propuso contratar, conforme al porcentaje poblacional, a jóvenes adultos menores de 29 años en las dependencias de la administración pública en todos los niveles de gobierno y en asociaciones políticas.

En materia de Desarrollo Urbano, Tiare Guadalupe Antonio Cruz llamó a la Comisión Redactora a reformar las leyes para otorgar más facultades a las delegaciones políticas, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y al Instituto de Verificaciones Administrativas (INVEA). La estrategia deberá contemplar parámetros internacionales y las opiniones de vecinos y organizaciones civiles.

Con el propósito de que se implemente de forma efectiva el Servicio Profesional de Carrera, la diputada Zurisadai Camacho Contreras aportó una propuesta legislativa a efecto de considerar aspectos como el mérito, vocación de servicio, eficiencia y lealtad institucional. El exhorto fue dirigido a todos los órganos de gobierno.

En respaldo a la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en torno a la prohibición de matrimonios entre menores de 18 años, la parlamentaria Erika Monserrat Avilés Guzmán pidió que se incorpore en la Carta Magna. Resaltó que esta situación afecta mayoritariamente a mujeres y que sólo a través de la cultura de la prevención podrán disminuirse los casos. Los parlamentarios hicieron un llamado para que con este punto de acuerdo disminuyan los matrimonios infantiles forzados.

El parlamentario Víctor Manuel Soria Reguera demandó dotar de facultades judiciales a la Comisión de Derechos Humanos local para que intervenga en caso de que la autoridad responsable de una transgresión de este tipo y no atienda en un plazo breve. Emitió una recomendación para trasladar el poder del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, los diputados juveniles Marco y Erick Guzmán Quijada, puntualizaron que por medio de foros en los que se escuche a los diferentes grupos de la sociedad, se puede llegar a encontrar mecanismos de inclusión social a fin de combatir la discriminación.