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CONTRALOR DEL TEDF COMPARECERÁ ANTE ALDF PARA EXPLICAR POSIBLES IRREGULARIDADES DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR



19 de Noviembre de 2009

Boletín # 176



El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó citar a comparecer ante la Comisión de Gobierno al contralor general del Tribunal Electoral del Distrito Federal para que informe el trámite que ha seguido y deberá seguir sobre las denuncias presentadas contra el ex presidente Miguel Covián Andrade y otros servidores públicos.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz señala que algunos medios de comunicación han dado cuenta de diversas irregularidades cometidas por servidores públicos del Tribunal Electoral del Distrito Federal “que insinúan faltas gravísimas que desvirtúan el sentido de la impartición de la justicia electoral”.

Ante el Pleno de este órgano colegiado, la legisladora señaló que las faltas que se imputan a integrantes de ese órgano colegiado como la venta y renta de plazas e inconsistencias administrativas, que ya han sido denunciadas ante el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y la Contraloría del propio organismo.

Afirmó que este asunto representa la oportunidad para dar certeza a la resolución de las denuncias señaladas y como sociedad exigimos un tribunal eficaz y apegado a la ley. Por ello, como órgano de representación popular solicitamos respuestas de cara a la sociedad, por lo que requerió la comparecencia del Contralor General del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Roberto Cánovas Theriot, para que informe a la Asamblea Legislativa el trámite que ha seguido y que deberá seguir, de manera expedita, sobre las denuncias presentadas contra el ex presidente Miguel Covián Andrade y otros servidores públicos”.

Por lo anterior, la transparencia y rendición de cuentas son elementos fundamentales para el desarrollo de la vida institucional del país y la ciudad, por lo que la Asamblea Legislativa debe abonar para fortalecer nuestras instituciones y es deber inalienable dotar a la ciudadanía de órganos confiables y eficientes.

La trascendencia del caso, dijo, amerita la intervención inmediata del Poder Legislativo, porque se deben aclarar las dudas, resolver los expedientes y en su caso fincar las responsabilidades que la ley prevé.

Explicó que el deterioro de la imagen del servidor público se agrava ante estos hechos, por lo que en caso de existir actos indebidos no se puede fomentar la impunidad ni el desprestigio de tareas prioritarias como la impartición de justicia.

Agregó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos tienen el alto deber de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

La Carta Magna, agregó, persigue una prestación óptima de servicios públicos por parte de las personas físicas encargadas de tal cometido, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino del moral y material.

Además, el régimen de responsabilidad administrativa refleja el loable propósito de encontrar canales para sancionar al servidor público deshonesto, con el fin de dignificar y hacer más eficiente el ejercicio de las funciones públicas.







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