Sábado 21 de Diciembre de 2024

Transmisión en vivo
Play

Sin transmisión

Agenda del día
Sin Actividades Legislativas

TEMA
DEL DÍA

AL INSTANTE

Noticias

Principal / 

CREA ALDF LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL



22 de Diciembre de 2009

Boletín # 286

Con el objetivo de otorgar personalidad jurídica y facultades al Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, así como regular su operación y estructura, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen que presentan las comisiones unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local por el que se crea la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México es una instancia de representación y participación económica y social con carácter consultivo, propositivo y decisorio que coadyuva sólo con el Gobierno del Distrito Federal en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, con lo cual se permitiría el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que conforman el Distrito Federal.

Dentro de las atribuciones del Consejo, éste podrá analizar las propuestas de reactivación económica y promover la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo de la Ciudad de México a mediano y largo plazo; también promoverá la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la ciudad; además será un órgano de consulta obligatoria del órgano ejecutivo del Distrito Federal para el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social.

También podrá realizar recomendaciones para la elaboración del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, así como en la elaboración del paquete económico anual que se presenta a la Asamblea para su aprobación y participar en la aportación y asignación de recursos de naturaleza privada para sumarlos a los recursos públicos con el fin de financiar políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad de la ciudad.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Adolfo Orive Bellinger señaló que el Distrito Federal requiere que el gobierno y la sociedad civil sumen sus atribuciones, capacidades, visión y experiencia, en torno a su desarrollo económico y social de la capital, para lo cual este Consejo Económico y Social debe ser el vehículo para lograr este objetivo, constituyendo un cambio de paradigma respecto a la forma en que la ciudad construye su estrategia de desarrollo, fortaleciendo así la participación de la sociedad civil y el entorno democrático.

Al hacer un paréntesis, antes de leer los considerando del dictamen, el legislador expuso que está en juego tratar no solamente de salir de la crisis económica que padecemos desde hace un año, generada por un modelo económico neoliberal impuesto desde hace 27 años en el Distrito Federal y que ha fracasado a nivel mundial. Expuso que la intención de todos los asambleístas es encontrar una nueva economía que permita salir de la crisis y reactivar la economía en términos de corto, mediano y largo plazo.

La iniciativa en referencia, dijo el diputado, es una expresión de democracia participativa, de lo que en Europa se ha dado por denominar segundo circuito de ciudadanía, resultante de la diseminación de espacios y formatos de intercambio político en la sociedad civil, especialmente a través de los movimientos sociales, las ONG y los grupos de interés organizado.

Explicó que a nivel nacional e internacional, cada vez es más común el reconocimiento de la necesidad de la participación ciudadana en tareas de desarrollo económico y social de los países, ello mediante la creación de órganos consultivos que promueven y facilitan la participación de los agentes económicos y sociales, incorporando la igualdad entre hombre y mujer en el desarrollo de los estados, dando así respuesta a la legítima aspiración de los ciudadanos para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta a la hora de implementar las políticas públicas.