CREACIÓN DE ALCALDÍAS, OPORTUNIDAD PARA GARANTIZAR EQUIDAD TERRITORIAL
04 de Febrero de 2016
Boletín # 219
• Ya es vigente el término Ciudad de México, pero es válido aún todo lo que diga Distrito Federal: Sara Cuevas Villalobos
• Se deben tomar en cuenta tres puntos para la división geográfica: densidad poblacional, extensión territorial y la situación económica de cada demarcación
Durante la segunda mesa de trabajo “Hacia las Nuevas Alcaldías de la Ciudad de México”, organizada por el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se analizó la creación de estas demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, como parte de la recién promulgada Reforma Política.
Sara Cuevas Villalobos, Presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hizo hincapié en que la redacción de la nueva Constitución Política garantice un cambio que beneficie a los habitantes.
Definió que las alcaldías son un órgano político administrativo que está integrado por un alcalde y un concejo universal que gobernarán durante tres años. Al ser un cuerpo colegiado, cuya cabeza es el alcalde, los concejales en ningún caso serán en número menor de 10 ni mayor a 15, lo que permitirá tomar acuerdos y decisiones de una manera transparente.
Los integrantes de los concejos serán electos conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en razón de un 60 por ciento por el primer principio y el 40 por ciento restante por el segundo. Ningún partido podrá tener más del 60 por ciento de concejales, lo que impide mayoría absoluta y escuchar siempre a las diferentes corrientes políticas y sociales, consideró.
Los alcaldes y concejales podrán ser electos por un periodo más, siempre y cuando sean postulados desde el mismo partido.
Hizo un llamado a la sensibilidad de quienes tengan a su cargo la redacción de la nueva Constitución a fin de garantizar que “los verdaderos privilegiados sean los habitantes de la Ciudad de México”.
Asimismo abundó que el término Distrito Federal sigue siendo vigente y no será necesario tramitar nuevamente documentos oficiales, gracias a los artículos transitorios en donde se estipuló que la denominación Distrito Federal sigue siendo válida hasta que se dé a conocer el ordenamiento de Ciudad de México. “Ya es vigente el término Ciudad de México, pero es válido aún todo lo que diga Distrito Federal”, aseguró.
Especificó que es una gran oportunidad para que se garantice una reordenación territorial adecuada y no continúen las diferencias sociales, económicas y demográficas.
Como parte de las prioridades para garantizar igualdad, se deben tomar en cuenta la capacidad económica, amplitud territorial y número de habitantes en las actuales delegaciones.
En el mismo tenor, Pascual Orozco Garibay, Secretario Académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseveró que “establecer una Constitución no es garantía de buena legislación”.
Sostuvo que si el Constituyente no otorga personalidad jurídica a las alcaldías “no sirve de nada crearlas”, ya que sólo generaría más gastos y no otorgaría ningún beneficio a los capitalinos.
Declaró que el reordenamiento territorial es una oportunidad de hacer una “ciudad más humana”. Se deben tomar en cuenta tres puntos para la división: densidad poblacional, extensión territorial y la situación económica de cada demarcación, puntualizó.
En la cuestión económica, aseguró, es vital que las alcaldías cuenten con presupuesto y distribución correcta de ingresos, y estipular a dónde irá lo recaudado por cada demarcación, si se canalizará al Gobierno central o se queda dentro de la alcaldía.
En su oportunidad, Bernardo Aldana Fernández, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno local, detalló que en la Ciudad de México viven nueve millones y cinco millones más vienen a diario a realizar diversas actividades en la metrópoli.
Por lo anterior se debe llegar a un acuerdo social en donde se establezca de manera muy clara cuál será el nuevo régimen en materia territorial, qué modelo de ciudad se requiere y, sobre todo, que la propia Constitución responda al acuerdo social.
Aseguró: “Es de suma importancia establecer una participación abierta en la que todos los ciudadanos puedan definir qué tipo de ciudad es la que esperan y demandan. Es vital la opinión y participación de todos los capitalinos”, finalizó.
