DAN FACULTADES A CONSEJERÍA JURÍDICA PARA PROMOVER CULTURA DE LEGALIDAD Y EDUCACIÓN CÍVICA
21 de Abril de 2015
Mediante la reforma de los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) transfirieron a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF la facultad de despachar los asuntos relacionados con la cultura de la legalidad y la acción cívica, que hasta hoy recaen en la Secretaría de Gobierno.
Una vez publicada esta modificación en la Gaceta Oficial, la Consejería Jurídica tendrá a su cargo no solamente la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, es decir los juzgados cívicos, sino que además tendrá la función de promover la cultura cívica y coordinar políticas interinstitucionales para fortalecer entre la ciudadanía la cultura de la legalidad.
El diputado Alejandro Piña Medina, presidente de la Comisión de Administración Pública Local, expresó que esta iniciativa tiene como principal propósito brindar mayor protagonismo a la Consejería Jurídica en la implementación de políticas de desarrollo cívico y de impulsar valores y conductas que favorezcan la cultura de la legalidad como un elemento esencial de la convivencia armónica y pacífica.
El legislador del PRD subrayó que México atraviesa por una grave crisis de legalidad y de proliferación de la delincuencia, de impunidad y de ruptura del tejido social. Y no es por falta de leyes –dijo- sino por el desconocimiento, negligencia e inobservancia de las mismas, por parte de funcionarios y de ciudadanos.”
“Por eso es importante promover la difusión de la cultura cívica, instrumentando campañas de información para profundizar en el conocimiento de la ley y alentar su ejercicio y obediencia”, sostuvo el diputado Piña Medina.
Por otra parte, el Pleno respaldó la iniciativa del diputado Rubén Escamilla Salinas, del PRD, para reformar la Fracción XII del Artículo 10 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del DF, a fin de corregir una errata en el propio ordenamiento y dejar a salvo y con plena claridad, la facultad de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino para elaborar los lineamientos de seguridad sanitaria y nutricional en la ciudad de México.
