SE DEBE GARANTIZAR AGUA COMO DERECHO HUMANO
04 de Abril de 2011
Al iniciar el Foro El Derecho al Agua y el Modelo de Gestión que lo Garantiza, diputados, expertos y ciudadanos se pronunciaron por la defensa del agua como un derecho humano y contra la privatización, al tiempo que reconocieron que en la Ciudad de México las tarifas y el servicio reciben un gran subsidio.
El objetivo del foro es analizar la Iniciativa que crea el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como Órgano Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal.
En representación del titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el director de Relaciones Interinstitucionales de ese organismo, Miguel Ricaño, aseguró que el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y los ciudadanos no quieren la privatización del servicio de agua potable. Se busca, dijo, un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Reveló que hay un déficit en materia de mantenimiento y de reparación de fugas en vía pública. Dijo que hay zonas que requieren de una magna obra de agua para poder manejar el derecho con equidad. Aceptó que hay reparaciones que se hacen gracias al ingenio de los trabajadores.
Aseguró que las tarifas y el servicio de agua en la Ciudad de México reciben grandes subsidios y calificó el tema como económico, social, político y técnico. Pidió fortalecer al organismo y se comprometió a escuchar todas las opiniones, pero al mismo tiempo pidió ser escuchado.
En el primer día del encuentro, la diputada Aleida Alavez Ruiz se pronunció contra la privatización del suministro del vital líquido y en favor de hacer del agua un derecho humano no una mercancía. Señaló que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México requiere una inversión de 30 mil millones de pesos y que en la actualidad sólo recibe en promedio 11 mil millones de pesos, por lo que llamó a ser responsables a los gobiernos federal y local para determinar qué es lo que se quiere hacer.
Los legisladores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Zárraga plantearon que el Sistema de Aguas cuente con una autonomía de gestión efectiva y pidieron combatir las tomas clandestinas de agua. Gómez del Campo demandó un Consejo de Administración con presencia ciudadana, que se cobre lo justo y se mejore la distribución. Pidió crear conciencia del cuidado del vital líquido desde las escuelas.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Zárraga apoyó la descentralización del organismo para que tenga personalidad jurídica, ya que esto ayudaría a resolver el abasto y contar con un esquema justo de tarifas. Dijo que habrá que preguntarle a la población cuántos días y horas a la semana recibe agua y cuál es su calidad.
En tanto, la legisladora Valentina Batres Guadarrama afirmó que el suministro del agua es una decisión política, no de políticos ni de partidos, porque nadie vive sin agua. Resaltó la importancia de abrir esta discusión a la sociedad con el fin de que las decisiones que se tomen al respecto no vulneren el acceso al agua como un derecho humano. Agregó que la reflexión colectiva garantiza que no se pierda este derecho por lo que la discusión de esta iniciativa tiene el propósito de definir cómo y con quién se toman las decisiones sobre el tema.
En tanto el director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Pablo Enrique Yanes Rizo, afirmó que la discusión de la iniciativa de Ley que crea el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como organismo Público Descentralizado debe tener como marco el derecho humano al agua, la transformación del modelo hídrico de la ciudad, el fortalecimiento de las instituciones públicas de prestación de los servicios hidráulicos y con un enfoque desmercantilizador.
Pidió a la Asamblea Legislativa que sus decisiones garanticen el enfoque de derechos y la no privatización bajo ninguna modalidad de los servicios hidráulicos, además del fortalecimiento del organismo público y la corresponsabilidad en las decisiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el desarrollo de una participación ciudadana sustantiva.
Por su parte, la directora del Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM, Mireya Imaz, calificó a esta iniciativa como un proceso de privatización y llamó a la Asamblea Legislativa a no perderse en las letras pequeñas, porque esta ley debe mandar un mensaje de lo que queremos y para quién. Se pronunció por una política a largo plazo.
