Debe impulsarse la reinserción social de mujeres recluidas con enfermedad mental: Beatriz Rojas
22 de Julio de 2017
- Urge sujetarlas a un segundo diagnóstico avalado por los institutos Nacional de Psiquiatría y el Nacional de Neurología y Neurocirugía
- Pide a la secretaria de Gobierno y al secretario de Salud su intervención en beneficio de ese tipo de reclusas
Para coadyuvar a la reinserción social de mujeres recluidas, la diputada Beatriz Rojas Martínez exhortó a la secretaria de Gobierno y al secretario de Salud capitalinos a establecer convenios con los institutos Nacional de Psiquiatría y el Nacional de Neurología y Neurocirugía, a efecto de brindar un segundo dictamen médico y el tratamiento correspondiente a quienes hayan sido diagnosticadas con alguna enfermedad mental.
En representación del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, mediante un Punto de Acuerdo, Rojas Martínez informó que el Centro Femenil de Reinserción Social en Tepepan cuenta con 202 reclusas, de las cuales 60 presentan problemas mentales. De éstas, 40 requieren atención psiquiátrica y 20 tienen la capacidad de socializar entre sí.
En la actualidad, señaló, las mujeres cuentan con un espacio propio y los medicamentos adecuados para su tratamiento, pero es necesario convencerlas de la necesidad de acudir a actividades escolares, culturales, recreativas y deportivas.
Al respecto, Rojas Martínez comentó que la UNAM trabaja continuamente con las internas en reclusión. Para la Universidad, agregó, es importante contar con un diagnóstico emitido por un organismo oficial de salud mental, como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Psiquiatría, con el fin de mejorar la calidad de vida de las internas.
La legisladora de Morena aseguró que ser mujer y estar en reclusión equivale a doble discriminación, por lo que urge establecer convenios y planes de estudios con otras instituciones de salud y educación para lograr la reinserción social de las mujeres en reclusión.
Recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal obliga, en su artículo 9, a que el sector salud atienda a las mujeres recluidas, e incluso a remitirlas, si así lo requieren, a un centro de salud público.
