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DEBE SANCIONARSE LA VIOLENCIA DE JÓVENES EN EL METRO

DEBE SANCIONARSE LA VIOLENCIA DE JÓVENES EN EL METRO

29 de Febrero de 2012

El diputado Erasto Ensástiga Santiago, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que de los bienes públicos por excelencia que el Estado debe proveer son el orden público y la protección de la integridad física de las personas.

Los hechos suscitados el pasado 17 de febrero, en el cual, estudiantes del Colegio de Bachilleres número 3, protagonizaron actos de violencia en el interior de la estación Santa Anita del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la que resultaron heridas varias personas, - aseveró - son sucesos que no sólo deben ser sancionados sino también prevenidos.

En tales actos, los jóvenes utilizaron los denominados “petardos” con los que lesionaron a distintas personas que requirieron atención hospitalaria por lo que fueron trasladados a los hospitales de Xoco y Balbuena.

Ese mismo viernes 17 de febrero, prosigue el Diputado Erasto Ensástiga, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, se enfrentaron con jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres número 2 en las inmediaciones de la estación Politécnico del Sistema de transporte Colectivo Metro.

En dicho enfrentamiento, fueron detenidos 21 jóvenes de los cuales 16 son menores y 5 mayores de edad, los que fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público respectivas. Igualmente existió en este caso, el uso de los denominados “petardos” lesionando a tres personas.

Es preocupante – dice el diputado Ensástiga – la proliferación de este tipo de acciones, recordemos que apenas, en el mes de octubre del año pasado existió una riña en el metro Iztacalco protagonizada por estudiantes del plantel número 3 del Colegio de Bachilleres en el que participaron de igual manera jóvenes menores y mayores de edad que fueron consignados a las autoridades por los mismos delitos de lesiones y daño a la propiedad.

En este sentido, puntualiza el Diputado Erasto Ensástiga, es obligación del Gobierno garantizar a toda la ciudadanía el orden público y la protección de la integridad física de las personas, como también la prevención de tales actos.