Deben agotarse todos los canales político, diplomáticos y jurídicos para evitar deportación de “dreamers”
05 de Septiembre de 2017
- Se podría dar una separación de miles de familias mexicanas, al existir 585 mil connacionales en riesgo, señaló la Dip. Elizabeth Mateos.
- Los “soñadores” llegaron siendo niños a Estados Unidos pero ahora son padres de familia, padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
El Gobierno Federal debe agotar todos los canales políticos, diplomáticos y jurídicos con Estados Unidos para impedir el riesgo de deportación que enfrentan 585 mil “dreamers” mexicanos ante la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), exigió la diputada Elizabeth Mateos.
A Enrique Peña pidió condenar con firmeza la política migratoria de Donald Trump al intentar separar familias con el Programa que permitía una estadía temporal a los también llamados “soñadores”, que en el caso de los connacionales representan 78 por ciento de ese grupo de población.
Exhortó también al Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la cancillería para que asesore, defienda y cabildee la ayuda consular ante las cortes de Justicia estatales y ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de Estados Unidos, para la defensa de casos de connacionales afectados por la política migratoria de Trump.
La presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dijo que al derogarse el DACA se ve amenazada la permanencia de jóvenes y adultos, además de una irremediable separación de familias.
Recordó que los “dreamers” llegaron siendo niños a Estados Unidos pero ahora son padres de familia, que son a su vez, en muchos casos, padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
“Una acción de esa naturaleza quitará a nuestros connacionales la oportunidad de trabajar y estudiar como lo hacen actualmente, pero también los condenará a una brutal separación de familias, de ahí la importancia de agotar todos los canales políticos, jurídicos y diplomáticos para evitarlo”, comentó.
La legisladora perredista recordó el caso de la mexicana Jessica Colotl a quien el USCIS le negó la elegibilidad del programa DACA bajo las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense, pero que el juez de Distrito, Mark Cohen, le otorgó la razón jurídica coincidiendo que se le quitaron sus beneficios migratorios de manera “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”.
Dijo que el juez de Georgia determinó que al retirarle los derechos a la mexicana, la agencia “falló en presentar evidencia de que cumplieron sus propios procesos administrativos”, ante lo cual la administración de Trump deberá reintegrar a la mexicana su permiso de trabajo, en tanto que la afectada contará con la protección temporal contra la deportación, al mismo tiempo que se deberá reconsiderar su renovación de DACA con los estándares establecidos.
El DACA brindaba una estadía temporal a cerca de 800 mil jóvenes, a los cuales da la oportunidad trabajar y estudiar sin la amenaza de ser deportados, gracias al otorgamiento de un amparo con renovación de cada dos años.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en Estados Unidos existen 750 mil “dreamers” de los que 585 mil son mexicanos, aunque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración de los Estados Unidos señala que la población total es de un millón 300 mil personas, de las cuales 930 mil son connacionales.
El DACA otorgaba a los “soñadores” la posibilidad de acceder un permiso de trabajo temporal, seguro social, acceso a identificación, licencia para conducir y seguro médico, lo cual benefcia a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, que tienen entre 15 y 31 años de edad, estudian o tienen diploma de bachillerato y que carecen de antecedentes criminales.
