Defender al ciudadano por medio de juicios eficaces y fianza en materia de construcciones, busca GPPAN ante abusos inmobiliarios
19 de Abril de 2016
· Panistas impulsan instrumentos para que los ciudadanos tengan certeza jurídica para proteger su patrimonio frente a desarrolladores inmobiliarios.
Bajo una auténtica actitud parlamentaria, el GPPAN presentó en voz de la diputada Margarita Martínez Fisher, un par de iniciativas de ley para empoderar a la ciudadanía ante “la voracidad y abusos inmobiliarios” que lastiman el entorno urbano-ambiental en la capital del país.
La primera de las dos iniciativas busca reformar la Ley de Desarrollo Urbano y del Sistema de Protección Civil local, en donde el constructor deberá contratar una póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales que tenga como beneficiario al propietario, poseedor u ocupante de los predios colindantes.
Además, se crea un procedimiento específico para que la delegación pueda realizar inspecciones en materia de protección civil, que determinen las afectaciones causadas por el constructor al predio colindante y tenga ella misma, facultad para suspender y clausurar la obra por incumplimiento de las medidas de mitigación.
“Ese es uno de los elementos que estamos planteando, teniendo un mecanismo para que los ciudadanos puedan defenderse de una manera expedita sin trámite y sin irse a pelear con el gobierno, por el contrario, tenerlo de su lado”, explicó la legisladora quien preside la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Además, se plantea una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia de los juicios de acción pública; para delimitar quiénes son las personas que pueden solicitar estos juicios y sea el TCA, quien ordene la suspensión de los trabajos de obra, o la custodia del folio real, cuando no se acredite que el constructor cuenta con la autorización o permiso respectivo.
“Los efectos de las sentencias serán: la nulidad del acto, clausura, demolición o restitución del inmueble”, dijo la diputada Martínez Fisher al explicar los fundamentos de sus dos iniciativas respaldadas por la dirigencia del PAN en la Ciudad de México y por el líder parlamentario del GPPAN en la Asamblea Legislativa, diputado Jorge Romero Herrera, quien a su vez, manifestó su beneplácito por la presentación de estos mecanismos legales en defensa al ciudadano ante la acción inmobiliaria.
“Es contar con instrumentos jurídicos para detener estos abusos e incluso, resarcir los daños ocasionados por las grandes obras y de alto impacto urbano en esta ciudad”.
En conferencia de prensa, agregó “que las potenciales irregularidades de los constructores podrán ser frenados no solamente por las autoridades (delegacional o central), sino las personas, los vecinos, los afectados a los que quizá, les están afectando su casa por una obra”.
Para los legisladores del PAN, se trata de dos elementos de carácter técnico que tienen la finalidad de brindarle al ciudadano posibilidades efectivas de justicia, sin la necesidad de contratar abogados o caminen años tras haber presentado sus quejas y tengan respuestas nulas por parte de las autoridades.
Por su parte, el Presidente del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, dijo que es un paquete de iniciativas que hará una justicia más accesible y que el ciudadano sea escuchado.
“Sabemos perfectamente el estado de indefensión en que se sienten muchos ciudadanos, sabemos que muchos ciudadanos cuando tienen un problema recurren a la autoridad y muy pocas veces tiene capacidad para resarcir los daños cuando se ven afectados por una obra”, indicó el líder panista capitalino.
Cabe mencionar que estas dos iniciativas contaron, al momento de su exposición por parte de la legisladora Margarita Martínez Fisher, con el aval de las principales fuerzas políticas representadas en la ALDF.
Finalmente, los panistas cerraron filas hacia un modelo urbano ordenado y apelaron por el consenso político para avanzar en el dictamen de esta serie de iniciativas que, insistió el diputado Jorge Romero, habrá también de consolidarse la eventual desaparición del INVEA, la derogación del artículo 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y la reforma de la Norma 26.
