DEMANDAN CLAUSURA DEFINITIVA DE CENTRO COMERCIAL EN XOCHIMILCO
24 de Julio de 2013
Ante la flagrante violación a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, medio ambiente e impacto urbano, en la construcción ubicada en la carretera San Pablo número 200, del pueblo Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco, la diputada Ma Angelina Hernández Solís, exigió la clausura definitiva de la obra que será un centro comercial.
De acuerdo a las denuncias ciudadanas, desde octubre de 2012, los vecinos han manifestado su preocupación ya que la apertura de un centro comercial afectará directamente a pequeños comerciantes y vendedores en mercados aledaños, sobre todo, porque dicha construcción se ubica en las cercanías del mercado principal de Xochimilco en el que se comercializan los productos agrícolas y apícolas autóctonos.
La diputada perredista, advirtió que el Centro Comercial que se pretende instaurar afectará la vía secundaria de la carretera a San Pablo, misma que es salida de muchos pueblos de la Delegación Xochimilco, “esto significaría el incremento en congestionamiento del tránsito de los vehículos que descienden de los pueblos de la montaña hacía las vías primarias de salida de la demarcación”, resaltó.
En el Punto de Acuerdo presentado ante la Diputación Permanente por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, se señala que el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, emitió desde el pasado 16 de abril oficios a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal diversas peticiones para atender la problemática expuesta por los vecinos de la demarcación.
Sin embargo, a la fecha los vecinos de la demarcación argumentan que la obra sigue en pie y que las instancias a las que se ha expuesto la problemática no han dado solución alguna.
Finalmente recordó que de acuerdo al convenio 169 de la OIT, de la ONU, sobre pueblos indígenas y tribales, es obligación de los gobiernos e instituciones públicas respetar la integridad, los usos y costumbres y la cultura de los pueblos originarios, su territorio, trabajo y su medio ambiente; además de que los obliga a consultar a los pobladores en caso de llevar a cabo o permitir que se realicen obras que puedan afectar algunos de los bienes jurídicamente protegidos de estos pueblos.
