DEMANDAN DIPUTADOS PENAS MÁS SEVERAS PARA EL DELITO DE SECUESTRO Y MÁS POLICÍAS PARA COMBATE A NARCOMENUDEO
01 de Octubre de 2009
Boletín # 036
Penas más severas para el delito del secuestro, resultados de las investigaciones por delitos electorales, mejor coordinación entre las autoridades locales y federales en operativos conjuntos y presencia policiaca para el combate al narcomenudeo, fueron entre otros los cuestionamientos de los diputados del PVEM, PT, PRI y PRD al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Antonio Nava Vega, pidió al procurador dar a conocer su postura respecto de la creación de penas más severas en el delito de secuestro.
Al responder, el servidor público dijo que ya la ley señala hasta 70 años de prisión por este delito y se pronunció por revisar algunos preceptos de la norma para armonizarla en casos como la participación o no de negociadores, así como reducir la diferencia entre la pena más severa y la menos grave.
Por parte del Partido del Trabajo, el diputado José Arturo López Cándido preguntó cuál fue la actuación de la Procuraduría en el pasado proceso electoral, así como sus resultados concretos. Asimismo, le pidió detallar las acciones en contra de los delitos que se cometen en contra de las mujeres que laboran en La Merced, así como la coordinación con las autoridades federales si se diseñan operativos conjuntos y si hay un trabajo interinstitucional.
En respuesta, Mancera Espinosa refirió que derivado del proceso electoral de este año se dio inicio a 103 averiguaciones previas, las cuales fueron atendidas sin observar el color partidista, aunque en muchos de los casos no hubo seguimiento por faltar algún requisito como la ratificación. Detalló que luego de una denuncia de diputados de la pasada legislatura sobre la explotación sexual en La Merced, se realizó un operativo y se hizo una serie de detenciones, al tiempo que existen temas pendientes para resolver en la ley para una mejor acción. Aseguró que existe ánimo y disposición para una coordinación permanente e intercambio de información con las autoridades federales.
Las preguntas del diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco versaron sobre el combate del robo con y sin violencia, la evaluación de los elementos del ministerio público, los criterios para realizar las preliberaciones y si estaría de acuerdo con que éstas las decidiera un cuerpo colegiado interdisciplinario. Asimismo, le manifestó la inquietud de los vecinos de Tlalpan por contar con mayor presencia policiaca para combatir el narcomenudeo y los motivos para otorgar la custodia de menores a instituciones como Casitas del Sur.
Respecto del robo de vehículos, el procurador general señaló que diariamente se aplican acciones para combatirlo, aunque consideró que se necesita una política integral, que incluya el ámbito legislativo que prohíba que las aseguradoras puedan vender los vehículos siniestrados, ya que genera mayores delitos. Sobre la evaluación de los ministerios públicos, dio a conocer que a quienes no obtuvieron buenos resultados se les brindó la capacitación necesaria para someterse a otra y compartió la inquietud de que se revise el procedimiento para las preliberaciones, con el fin de hacerlo más certero.
En su intervención, el diputado perredista David Razú Aznar señaló que la gente necesita mayor tranquilidad en sus casas, porque existe la percepción que ésta ha desmejorado con la política de guerra aplicada por el gobierno federal con el Ejército en las calles. Preguntó sobre los esfuerzos realizados para mejorar la coordinación con las autoridades federales, y qué efectos tendrá el presupuesto en la procuración de justicia Además, cuestionó qué otras alternativas ha establecido la PGJDF para combatir el problema de la seguridad pública en la Ciudad de México.
En su respuesta, el procurador dijo que los mecanismos de coordinación con las instancias federales han sido variados, lo que ha servido para garantizar recursos y dotación de tareas propias de la procuración de justicia. Con la PGR, comentó, se coordina permanentemente para lograr las extradiciones; con la SSP federal se ha implementado conjuntamente la Plataforma México, que requiere requisitos tecnológicos y humanos, con fines de capacitación.
Señaló que más del 90 por ciento del presupuesto de la PGJDF se destina a los capítulos operativos, destinados a becas, personal y mantenimiento. Dijo que se han hecho esfuerzos para fortalecer las agencias del Ministerio Público, para que tengan calificación ISO. Resaltó los esfuerzos de prevención en las coordinaciones territoriales, delegaciones y colonias, donde se han dado a conocer los servicios de la procuraduría.
En su mensaje final, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, señaló que el fortalecer la participación social en la toma de decisiones en el ámbito de procuración de justicia y el fortalecimiento presupuestal son los ejes de una mejor procuración de justicia. Por ello, propuso cohesionar propósitos en un gran pacto por la Ciudad de México, ya que no hay tiempo para las descalificaciones sin sustento, ni para desgastar los esfuerzos en demérito de las instituciones.
Al mostrar su disposición a trabajar con la ALDF en una apertura permanente, respetuosa y constructiva, además de comprometerse a continuar con los mecanismos de colaboración con todas las autoridades locales, el servidor público indicó que los cambios que se están construyendo son de fondo, comprenden instalaciones, tecnología, Ministerio Público y una nueva policía. Informó que en breve formalizará la invitación a la Asamblea Legislativa para que se designen a los legisladores que formarán parte del Consejo para aplicar el nuevo modelo de la Policía de Investigación.
El abogado de la ciudad expresó su solidaridad con las víctimas del caso “Cevallos Copel” y con sus familiares, a quienes les dijo “tengan certeza de que no habrá impunidad”. Los criminales deben entender que no hay ni habrá espacio para dañar las garantías de los gobernados en sus derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de propiedad.
En este sentido, afirmó que impulsarán foros de consulta en torno de la creación de la Ley de Atención a Víctimas del Distrito Federal, se continuará con la reestructuración de la PGJDF, con la capacitación y humanización de los servidores públicos y dinamizar la información de inteligencia que permita combatir la criminalidad. Llamó a consolidar el proyecto de ciudad sin demora, sin justificaciones que retrasen el desarrollo con equidad que demandan los capitalinos.
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