DEMANDAN JUSTICIA PARA VÍCTIMAS DE NEW’S DIVINE
20 de Junio de 2013
Al cumplirse cinco años de ocurrido el operativo policiaco fallido en la discoteca News Divine de la delegación Gustavo A. Madero, no se ha aplicado la justicia a todos los involucrados y prevalece la impunidad, acusaron los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Orlando Anaya González y Gabriel Gómez del Campo, quienes destacaron que los jóvenes no son prioridad para los gobiernos del PRD.
En conferencia de prensa, el diputado Orlando Anaya González, Presidente de la Comisión de Juventud de la ALDF, destacó que los resultados de las investigaciones y la aplicación de la justicia no ha dejado satisfechos a los deudos de los 12 muertos y ocho heridos que se registraron el 20 de junio de 2008 en este establecimiento que operaba irregularmente.
“Después de todos estos años, a raíz de este acontecimiento tan lamentable, vemos que los resultados con respecto a la justicia de este asunto son totalmente inaceptables, totalmente escasos, con una sentencia de 19 personas que sólo incluye a mandos medios y bajos, por lo que es desconcertante que aún sigan sentencias pendientes por dictar, dejando en la impunidad a quienes tomaron las decisiones que permitieron, primero, el funcionamiento de este establecimiento, y segundo, permitir la entrada a menores de edad”, destacó.
Abundó que también queda pendiente investigar y sancionar a quienes estaban encargados de verificar este tipo de establecimientos mercantiles en la delegación Gustavo A. Madero, a quienes ejecutaron el operativo fallido, personas que integraron las averiguaciones previas y a quienes dictaron sentencias.
“El caso primero que voy a citar es el de Lobohombo en el año 2000, 22 muertos y 30 heridos; News Divine en el 2008, 12 muertos y ocho heridos; Lolipop año 2011, 50 intoxicados; Bar Estatic en el año 2012, dos muertos; Palace Club en el 2013, un muerto y After Heaven en este año, 12 desaparecidos… debido a que operan bajo la corrupción de los dueños de antros ilegales, corrupción de menores, el abuso de poder y la violación de derechos humanos que suman más de un centenar de víctimas”, expresó.
Los casos mencionados, agregó, son tan sólo un ejemplo de todo lo que conocemos a través de los medios de comunicación, consecuencia de la precaria vigilancia por parte de las autoridades, y también la falta del cumplimiento de la norma, tales como contar con protocolos de protección civil para sus clientes
En su oportunidad, el diputado Gabriel Gómez del Campo recordó que como bancada joven y propositiva, el PAN ha presentado diversos puntos de acuerdo e iniciativas de ley para evitar fiestas clandestinas, abandono de infantes, prevenir y erradicar el bullyng, destinar presupuesto para programas dirigidos a jóvenes, combate a las adicciones y fortalecimiento del programa Conduce sin Alcohol, entre otras; sin embargo, la mayoría del PRD no aprueba porque los jóvenes no son prioridad para ese partido.
Destacó que a cinco años del fallido operativo policiaco en el News Divine, el GDF no ha implementado las medidas suficientes para evitar la operación de este tipo de establecimientos ilegales, pero sobre todo, no se castiga a los servidores públicos involucrados en corrupción para permitir su funcionamiento.
“Lamentablemente el hoy Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, tras ser nombrado procurador en lugar de Rodolfo Félix Cárdenas en diciembre de 2009, decidió no ejercer la acción penal en contra de Joel Ortega, quien en la fecha del gris suceso del News Divine era Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y hoy es Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, señaló Gómez del Campo Gurza.
“Desde este espacio en el PAN exhortamos al Jefe de Gobierno para que se tomen medidas, a efecto de que los servidores públicos involucrados sean castigados legal o políticamente. Es importante aprender de este hecho para saber cómo evitar casos similares, cómo indemnizar a las familias de los afectados, cómo sancionar a los particulares que violan la ley, y cómo sancionar a los servidores públicos involucrados”, concluyó.
