DEMANDAN REPARACIÓN DE DAÑOS POR ABUSOS DEL GOBIERNO
18 de Abril de 2013
La defensa de los Derechos Humanos ha sido la bandera del Partido Acción Nacional durante 73 años, señaló la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Laura Ballesteros Mancilla durante la comparecencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia.
“Existen muchas tareas inconclusas en esta materia, de las cuales destacan cinco pendientes prioritarios: La reparación del daño a víctimas de abusos por parte del gobierno; cumplimiento cabal de las recomendaciones emitidas por la comisión a diversos órganos del Gobierno del Distrito Federal; comparecencia de funcionarios involucrados en violaciones a los Derechos Humanos y en la no aceptación y falta de cumplimiento de las recomendaciones; protección a los derechos humanos de los periodistas y continuidad en la lucha con la trata de personas”, destacó.
Al presentar el posicionamiento del GPPAN durante la comparecencia del funcionario público, la legisladora destacó que “no hay comparecencia que valga, recomendación emitida que pese o vigilancia que ayude, si no se garantiza la reparación integral del daño de quienes han sido víctimas de abusos por parte del gobierno. Éste debe garantizar una reparación integral y rápida”.
Resaltó que del total de recomendaciones emitidas durante los últimos seis años, a ni una sola de las víctimas les ha sido reparado el daño. “A partir de la tragedia del News Divine la lógica y los proceso de reparación del daño cambiaron, hoy una víctima esta desprotegida, hoy en la ciudad no hay una Ley que lo garantice”.
Al respecto, dijo, el PAN presentó una iniciativa para crear la Ley de reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos y aún se espera su dictaminación.
Sobre las recomendaciones inconclusas, sentenció que de las 120 emitidas en seis años, sólo 17 se concluyeron, lo que equivale a menos del diez por ciento. Es el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el que, dijo, a pesar de la recomendación que le fue emitida para crear una comisión de diálogo y conciliación, ésta no fue aceptada ni por el Abogado General de la UACM ni por la Contraloría. En este sentido, también recordó la recomendación 7/2013, emitida sobre las violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012, la cual se encuentra en término para su aceptación y cumplimiento.
“Es importante señalar que esta comisión no tiene que permitir que se convierta en letra muerta; es importante que el gobierno capitalino ponga especial atención en los protocolos, manuales de operación y actuación ante este tipo de hechos; esta ciudad padece en promedio diez manifestaciones diarias y hoy la policía todavía no sabe cómo actuar ante ellas”, acusó.
En materia de comparecencias de los funcionarios públicos del GDF, involucrados en violaciones a los derechos humanos, puntualizó que durante la pasada administración no hubo una sola comparecencia ante la ALDF para explicar sus acciones con respecto a las recomendaciones de la CDHDF.
Expuso que la comisión ha emitido dos recomendaciones a los titulares de diversas dependencias del Gobierno del DF, y se encontró que entre las dependencias que más incumplimientos acumulan destacan la Secretaría de Seguridad Pública, la jefatura de gobierno, Procuraduría General de Justicia, SETRAVI, Finanzas, la Secretaría de Cultura la delegación Magdalena Contreras, Obras y Servicios, Desarrollo Social y la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya.
En materia de protección a los derechos humanos de los periodistas, sostuvo que “el derecho al pleno ejercicio de la libertad de expresión debe ser una realidad en nuestra ciudad”, por lo que es necesaria la transparencia en el ejercicio presupuestal en esta materia y homologar la Ley Federal con el marco local.
Finalmente, advirtió que la lucha contra la trata de personas demanda continuidad, vigilancia de detenciones de los responsables y sus cómplices, además de designar mayores recursos para la atención a las víctimas.
“La comisión debe plantearse su papel en ello, si lo acotamos únicamente a los órganos de procuración de justicia no sólo pierden las víctimas, pierde la Ciudad” concluyó.
