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DENUNCIA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE DEPARTAMENTOS EN COYOACÁN

DENUNCIA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE DEPARTAMENTOS EN COYOACÁN

07 de Agosto de 2013

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miriam Saldaña, denunció la construcción de departamentos de lujo que supuestamente violan el uso de suelo en la delegación Coyoacán.

Se trata de 75 estancias con un valor de hasta un millón 530 mil pesos, y que inicialmente se avalaron bajo la Norma 26 que permite la alteración del uso de suelo sólo para edificar viviendas de interés social con seis niveles; dichos hogares tampoco deben rebasar el precio de 30 salarios mínimos anuales, aproximadamente 709 mil pesos.

No obstante, en el número 2 de la calle Rafael Oliva, en el barrio de San Mateo, la empresa denominada Cima Oliva S.A. de C.V. construye este edificio en una zona que está catalogada como H2-40, lo que significa que es de uso habitacional, con permiso de construir hasta dos niveles y dejar 40 por ciento de la superficie libre.

Ante la preocupación de los vecinos, que se acercaron a la diputada Miriam Saldaña para exponerle la violación a la ley y de la que son víctimas, según dijeron, la legisladora petista solicitó al delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), mediante un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa, un informe detallado sobre la situación legal de dicha construcción.

Así como la intervención del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que realice una visita al lugar y constate las dimensiones del proyecto habitacional.

La diputada Miriam Saldaña dijo que el titular de la delegación Coyoacán podría resolver esta controversia, y en caso de que haya una violación al uso de suelo permitido, se debe suspender y revocar el permiso de construcción.

Las delegaciones del Distrito Federal están facultadas para revisar, suspender e inclusive, iniciar revocaciones de manifestación de construcciones y juicios de lesividad contra construcciones que violen la Norma 26”, detalló.

La coordinadora del GPPT puntualizó que la preocupación radica en el impacto urbano que tendría una construcción de ese tipo en esa zona; pues colapsaría la vialidad por lo estrecho de las calles, no dejaría espacio para estacionamiento, en caso de una emergencia no permitiría el paso de los vehículos de rescate, y lo más importante, habría una escases crítica de agua.