DENUNCIA MONOPOLIO EN NUEVA LEY INMOBILIARIA DEL DF
16 de Abril de 2012
Tras condenar la aprobación de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal por el Pleno de la Asamblea Legislativa, ya que viola el derecho constitucional del trabajo y las garantías individuales de los capitalinos, el diputado Carlo Pizano Salinas (PAN) advirtió que esta nueva legislación limitará esta actividad, toda vez que los ingenieros o constructores no podrán desarrollar su labor si no se registran ante el Gobierno del Distrito Federal.
“Es lamentable el desconocimiento que la mayoría de los diputados que integran esta V Legislatura tienen en torno a las atribuciones de la ALDF, al confundir sus funciones con las del Congreso y legislar en temas en los que no se tiene competencia”, aseveró.
A detalle, explicó que lo que esta Ley pretende es que si no existe un registro ante el Gobierno del DF habrá sanciones. Esto, agregó, es una limitación al derecho al trabajo y que tampoco existe ningún antecedente similar.
“El artículo 5º de nuestra Constitución señala que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, señaló.
Pizano Salinas comentó que esta Ley carece de requisitos constitucionales y viola derechos humanos, como el derecho al trabajo. Hay, dijo, una invasión e intervención innecesaria del Gobierno con un registro que no tiene fundamento. Lo más grave, indicó, es que se privilegie a una asociación que no tiene en el dictamen una acreditación para fungir como perito en la materia.
“Se incluyó a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que se presume tiene vínculos con el Jefe de Gobierno, como integrante único del Consejo de Servicios Inmobiliarios, compartiendo competencias con la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Desarrollo Urbano, del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que decida quién sí o no debe realizar esta actividad”, apuntó.
Explicó que esta Ley ni regula el desarrollo urbano y tampoco el uso de suelo. Únicamente sería discutible, insistió, sí regulara el tema de la vivienda, porque habla de servicios inmobiliarios y hay inmuebles que no están destinados para este fin, sino también para otras funciones, como el comercio y la industria, concluyó.