Dependencias deben informar medidas para garantizar integridad de mujeres y niños
14 de Junio de 2017
- La Asamblea, organismos públicos y asociaciones trabajarán en el combate a delitos cibernéticos
Titulares de distintas dependencias de gobierno deberán informar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sobre las medidas realizadas para salvaguardar la integridad física de mujeres, así como llevar a cabo acciones de protección a menores de edad. Esto luego de que la Diputación Permanente aprobara las propuestas sometidas ante el Pleno.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ambos de la Ciudad de México, deberán emprender campañas, así como operativos especiales para inhibir y sancionar la explotación laboral que menores de edad puedan sufrir durante el periodo vacacional.
Este resolutivo de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez fue leído en Tribuna por el diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, e impulsado por el legislador Carlos Alfonso Candelaria López, de la bancada del Partido Encuentro Social, cuya propuesta que busca privilegiar el interés superior de la niñez, fue aprobada.
En el marco de la revisión de la Ley de Desarrollo Urbano local y de las normas secundarias de la Constitución Política capitalina, la diputada Dunia Ludlow Deloya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un Punto de Acuerdo que fue aprobado y que tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público.
De acuerdo con la legisladora, la igualdad entre géneros tiene que garantizarse en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Por ello, la Secretaría de Gobierno, por medio de la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, deben entregar a la ALDF un informe de las fortalezas y debilidades que impidan establecer mecanismos de control y vigilancia a favor de la seguridad de las mujeres en el transporte.
La Asamblea, organismos públicos y asociaciones trabajarán en el combate a delitos cibernéticos
Para hacer frente a las amenazas, extorsiones y hostigamiento sexual que las mujeres sufren vía internet y redes sociales, los diputados Beatriz Adriana Olivares Pinal y Víctor Hugo Romo Guerra, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsaron mesas de trabajo entre la ALDF, dependencias y asociaciones a fin de que se elabore un marco jurídico que prevenga el acoso cibernético.
En el exhorto aprobado se solicita a la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Procuraduría de Justicia, a las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Educación, Instituto de la Mujer y de la Juventud y al DIF, todos de la Ciudad de México, así como a colectivos de defensa y promoción de los derechos humanos, que también participen en la elaboración de protocolos.
En Tribuna, la legisladora Olivares Pinal explicó que en la actualidad se hace un mal uso del derecho a la libertad de expresión y se toma al cuerpo de la mujer para incitar a la burla y el odio. Al Punto de Acuerdo se sumaron los legisladores María Eugenia Lozano Torres, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel Ángel Abadía Pardo, del Partido Acción Nacional (PAN), Francis Irma Pirín Cigarrero (PRD) y Abril Yannette Trujillo Vázquez (PES).
Por otra parte, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México tiene que informar a esta soberanía sobre los esquemas de colaboración institucional, académica y con especialistas respecto de si las abogadas encargadas de brindar asesoría legal especializada a mujeres y los servidores públicos que laboran en las Fiscalías para la Atención de Delitos Sexuales, están capacitados en temas como la violencia de género.
La propuesta fue impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena y presentada durante la sesión por el legislador José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para que con base en lo establecido en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se brinde una atención inmediata, eficaz y cálida a mujeres víctimas de delitos sexuales.
