EL DERECHO HUMANO AL HÁBITAT SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
06 de Octubre de 2015
Ante la comparecencia del Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el Grupo Parlamentario de morena, expreso su posicionamiento en voz del Diputado David Ricardo Cervantes Peredo.
Haciendo uso de la palabra otorgada al grupo parlamentario de morena se reiteró el planteamiento sobre la grave situación por la que atraviesa la Ciudad en materia de desarrollo urbano ambiental, que conlleva a una violación sistemática de derechos humanos con graves consecuencias para quienes habitamos hoy y para quienes habitarán esta Ciudad en las próximas décadas, a partir de la reforma de 2011, la Constitución nos obliga a mirar y analizar las diversas problemáticas de la Ciudad, así como la actuación de los diferentes órganos de gobierno, desde la óptica de los derechos humanos, es decir, a partir de la situación que guardan los derechos humanos relacionados con dichas problemáticas.
El derecho a tutelar, cuando hablamos del espacio que habitamos, es el derecho al hábitat, el derecho a vivir en un espacio y en un entorno adecuado, sin embargo en nuestra Ciudad, el derecho humano al hábitat se encuentra en situación de emergencia, por las siguientes razones:
PRIMERO.
Porque la política urbano ambiental que se ha impuesto desde la pasada administración y que se ha profundizado en la actual, tiene como punto de partida una concepción de Ciudad basada más en un limitado proyecto de mercadotecnia por la colocación de la marca CDMX, que en un proyecto estratégico de desarrollo y, mucho menos, en un proyecto que ponga en el centro la plena realización de todos los derechos para todas y todos.
SEGUNDO.
Porque en su gran mayoría, los proyectos de desarrollo urbano e infraestructura (como define en su Protocolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los proyectos como el aeropuerto, tren intra urbano, Merced, Centro Histórico, Corredor Chapultepec, Deprimido, entre otros, los grandes proyectos comerciales, residenciales, de oficinas, o de infraestructura, entre otros) impulsados por esta política y auspiciados por los propios Órganos de Gobierno de esta ciudad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tienen un efecto devastador, a ambiental, destruyen identidad comunitaria, patrimonio cultural tangible e intangible; son excluyentes y profundizan la desigualdad mediante la segregación espacial y la discriminación social; son también, generadores de una mayor conflictividad vial, y constituyen una carga adicional para las redes de agua y drenaje, en zonas en las que de por sí, estos servicios son deficientes.
Además, en muchos de estos casos, no se toman en cuenta las condiciones de riesgo, tanto por las propiedades del subsuelo, las características geológicas, u otro tipo de factores, por lo que la protección civil es un aspecto ausente desde la realización de las obras (en varios casos se ha documentado ya el daño que están sufriendo viviendas, calles y mobiliario urbano ubicados en el entorno inmediato) hasta la ocupación y utilización de los espacios una vez construidos.
TERCERO.
Porque estos proyectos se han realizado mediante la actuación discrecional y, en muchos casos, ilegal, de diversas autoridades, con la que han llevado a cabo modificaciones a la normatividad urbana, en particular a los usos del suelo; han otorgado documentación falsa (alineamientos y números oficiales, certificados de zonificación, autorizaciones de demoliciones); y han permitido, incluso, el inicio de obras en las que sus promotores no cuentan con ningún documento que permita, legalmente, su realización.
CUARTO
Porque cuando los ciudadanos pretenden conocer la información sobre los proyectos que se están realizando o se pretenden realizar, ésta les es negada o, en el mejor de los casos, se les entrega parcialmente y/o después de largo tiempo y, en ocasiones sólo se consigue una vez que se ha presentado la queja contra el área responsable de brindarla.
Así también, las denuncias, las quejas, las acciones públicas, los juicios de nulidad, los amparos, como medios a los que han recurrido en defensa de sus derechos una gran cantidad de ciudadanos, organizaciones vecinales y organizaciones sociales, en la gran mayoría de los casos son desatendidos, declarados improcedentes o son resueltos a favor de los promotores de los proyectos. Incluso, en los casos en los que prácticamente se ha obligado a las autoridades a iniciar juicios de lesividad, en muchas ocasiones no se resuelven, en otras, absurdamente se pierden los juicios, y en otras más, la resolución no cumple con los alcances que señala la ley.
QUINTO
Porque un común denominador, en todos los casos, es la intención de cancelar el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación o modificación de su hábitat. La negación de este derecho comienza, como ya se dijo, por la acción premeditada de las autoridades (secretarías y delegaciones, principalmente) para evitar que se conozca suficientemente la información sobre el proyecto que se está desarrollando o se pretende desarrollar. A ello se suma el rechazo a la realización de consultas en cualquiera de las modalidades que establecen las leyes, o la realización de consultas simuladas, pues cuando la autoridad dice que se ha hecho una consulta a los vecinos, ésta no cumple en lo absoluto con los requisitos a los que debe sujetarse el pleno ejercicio de ese derecho.
EN SUMA
La violación sistemática del derecho al hábitat y a los derechos que lo integran, así como la imposibilidad práctica de su exigibilidad, cancelan de facto la garantía de su realización. Esta es la situación actual delderecho al Hábitat en la Ciudad de México.
El conflicto que esto ha generado y la creciente inconformidad social, están llevando esta situación a un punto en el que el gobierno considera y trata a los vecinos como enemigos de la autoridad. Nada más grave y atroz, que el hecho de que quienes son responsables de respetar, proteger y garantizar derechos vean en quienes son sujetos de estos derechos, un obstáculo, un estorbo para la imposición de una política; y consideren las acciones por la defensa de los mismos, una amenaza para los intereses de un reducido grupo de familias, de quienes los ciudadanos han llamado el “cártel inmobiliario”.
Colocar cualquier derecho humano en esta condición es razón más que suficiente y contundente para que los Órganos de Gobierno de esta Ciudad adoptemos medidas emergentes como lo señala el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De inmediato deben adoptarse medidas preventivas, con la finalidad de evitar un desastre urbano y un colapso en la garantía de derechos. Pero es claro que para desaparecer en definitiva el riesgo y la amenaza de violación del derecho al hábitat, es indispensable la elaboración de un nuevo marco normativo (una nueva Ley, nuevos programas de desarrollo urbano, y la armonización de las leyes y reglamentos vinculados), con una amplia participación ciudadana, y dé certeza jurídica a todos los actores que intervienen en el desarrollo de la ciudad (en la zona urbana y rural). Igualmente necesario es el restablecimiento del respeto a la legalidad, para hacer posible la exigibilidad de este derecho.
El problema, como vemos, no es, como se ha querido hacer creer, que el Programa General de Desarrollo Urbano no está actualizado. Este planteamiento resulta totalmente limitado, por decir lo menos, pues resulta evidente la falta de conocimiento o de entendimiento sobre las responsabilidades del Estado respecto a los derechos humanos. Por consiguiente, la solución de fondo a este grave problema no se encuentra en la actualización del mismo.
Se requiere de una actuación con responsabilidad de Estado que verdaderamente reconozca, respete, proteja y garantice el conjunto de derechos que conforman el derecho humano a vivir en un hábitat adecuado.
Estamos convencidos de que debe ser así y por ello nosotros hemos comenzado a hacer lo que nos corresponde.
La cuestión es, arquitecto, si el gobierno seguirá contribuyendo a la violación sistemática de derechos humanos o asumirá esa responsabilidad de Estado y esto implica un cambio sustancial en la concepción y en la forma de ejercer el poder público, no porque morena lo considere así, sino porque ello es un mandato constitucional.
