DESDE HACE TRES AÑOS LAS INMOBILIARIAS SON EL CENTRO DE LAS DECISIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: ÁNGELES VALENCIA
13 de Octubre de 2015
En los últimos tres años la iniciativa privada ha sido el centro de las decisiones y programas de gobierno orillando a las clases más desprotegidas a vivir en condiciones de marginación, señaló la diputada, Ana J. Ángeles Valencia, durante el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena con motivo del III informe de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Precisó que a la fecha existen más de 960 asentamientos humanos en diferentes delegaciones del Distrito Federal, en los que habitan 78 mil familias, más de 390 mil personas que serán lanzadas a la calle, obligadas a abandonar sus pueblos y barrio originarios para hacinarse a las orillas de la ciudad, sin agua y sin servicios públicos.
En contrapartida, destacó que las agrandes empresas inmobiliarias se apoderaron de la norma 26 para construir viviendas de lujo a bajos costos para luego venderlas a precios inaccesibles para las clases populares.
Explicó que la norma 26 permitió a los empresarios la edificación de rascacielos en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo en tanto que los ciudadanos organizados tienen dificultades para acceder a viviendas de interés social.
Citó que la complicidad de autoridades delegacionales con las inmobiliarias genera la posibilidad de desalojo de zonas de suelo de conservación y de reserva ecológica como es el caso delos bosques El Ocotál y El Cedral, cuyas extensiones suman más de 400 hectáreas que se pretenden robar a sus legítimos dueños con prácticas ilegales, en la delegación Cuajimalpa.
En este sentido, destacó que existe el riesgo de que los habitantes de 68 asentamientos humanos en esa demarcación estén en peligro de ser despojados, afectando a más de 12 mil familias, que han aumentado de manera natural por ser originarios de la zona desde la época precolombina a la fecha.
Hizo mención de una maquinación de fraude en la delegación Miguel Hidalgo respecto al Parque Reforma Social por parte de las autoridades delegacionales que pretenden pagar 260 millones de pesos por una extensión de 29 mil metros cuadrados a la Asociación Carlos Cuevas Lazcuraín, la que carece de escrituras públicas que comprueben la propiedad.
En su oportunidad pidió a la secretaria de Gobierno se realicen auditorías integrales a los 16 recientes ex delegados, así como a los secretarios, directores generales de toda la administración local para castigar a funcionarios por actos de corrupción y erradicar la impunidad.
Mencionó que uno de los funcionarios más cuestionados de esta anterior administración, el ex secretario de Gobierno y hoy titular de la Secretaria de Movilidad (SEMOVI), Héctor Serrano Cortés.
Dio a conocer que de acuerdo a la cuenta pública del 2014, la Secretaría de Gobierno, ejerció un gasto por 4 mil 500 millones de pesos, cifra que no coincide con lo aprobado por la ALDF, que fue por un monto de 2 mil 848 millones de pesos, que representa un 59.4 por más.
Reveló que a dicha cantidad se suman un mil 308 millones de pesos gastados durante el primer semestre de 2015, por tanto, la secretaría gastó un poco más de 4 mil 600 millones entre el segundo semestre del años pasado y la primera de éste.
Al respecto, la legisladora cuestionó sobre el exceso de estos recursos, los que consideró se usaron para la escandalosa compra de votos realizadas por el gobierno en las pasadas elecciones.
Ángeles Valencia conminó a la secretaria de Gobierno a que el mandatario local comparezca en la ALDF para que él mismo responda a los cuestionamientos sociales y a que se realice un referéndum para la revocación de su mandato, esto, toda vez que en su informe prioriza la trasparencia, cumplimiento de las leyes y el mandato superior de la sociedad.
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