DESTINARÁN RECURSOS PARA JUICIOS DE PRELIBERACIÓN
10 de Agosto de 2011
El diputado local Julio César Moreno Rivera, dijo que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa tiene el compromiso de destinar los recursos suficientes para la correcta aplicación del sistema judicial en el cumplimiento, la modificación, la duración de las penas y medidas de seguridad impuestas por la nueva ley.
Afirmó que hoy el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, inició con la aplicación de la nueva ley, con tres audiencias orales relacionadas con los juicios de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Sur, dos inculpados por el delito de robo y uno más por homicidio, por lo que es fundamental atender los juicios de preliberación para saber a cuánto se tiene que incrementar el presupuesto para el siguiente año.
El también Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló la importancia en la tarea que el sistema judicial realiza, pues lo ideal era haber iniciado con cinco jueces por cada centro carcelario para evitar traslados al Reclusorio Sur, y no dos para todo el sistema penitenciario, indicó.
Julio César Moreno, dijo que espera ver cómo se comporta la demanda de solicitudes para juicios de sanciones penales y sus audiencias, “por lo que estamos en buenos tiempos de etiquetar en el presupuesto del próximo año, los recursos que se requieren para su mejor operación”.
Recordó que con esta ley se crea la figura de juez de ejecución de sanciones quién podrá modificar las penas y otorgar beneficio de libertad anticipada, como la reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, a través de los brazaletes.
La reclusión domiciliaria se realizará mediante monitoreo electrónico a distancia el cual sólo será para primodelincuentes, siempre y cuando hayan cubierto la totalidad de la reparación del daño, que su pena privativa de la libertad sea mayor a cinco años y menor a 10 años de prisión, enfatizó.
Aclaró que los sentenciados por homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada de personas, tráfico de menores, turismo sexual, pornografía, trata de personas, robo agravado, extorsión, asociación delictuosa, delincuencia organizada, entre otros, no podrán gozar de dicho beneficio.
Moreno Rivera indicó que el sentenciado deberá comprobar que en su libertad anticipada tendrán la obligación de tener un trabajo o continuar estudiando, además de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo.
