Desvío de 137 millones de pesos en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca obliga al GCDMX frenar obras
26 de Febrero de 2017
· ASF detectó desvíos en la liberación de los derechos de vía, trabajos no ejecutados, volúmenes de acero estructural y pagos a personal de supervisión en los contratos de servicios, poco claros
· Incorrecta valoración de la SCT y del GCDMX a compañías participantes en licitaciones generaron actos de corrupción
Morena exigió suspender las obras del Tren Interurbano México-Toluca en la parte que corresponde al poblado de Cruz Blanca de la Delegación Cuajimalpa, de la Ciudad de México, hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aclare el desvío de 137 millones de pesos que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dio a conocer durante la presentación del Informe General de la Cuenta Pública de 2015 en la Cámara de Diputados.
Así lo exigió la diputada Ana Juana Ángeles Valencia quien recordó que con base a los resultados que presentó la ASF se detectaron desvíos de recursos en la liberación de los derechos de vía, alcances de las barreras de protección, trabajos no ejecutados, volúmenes de acero estructural y pagos a personal de supervisión en los contratos de servicios, poco claros.
La corrupción manifiesta en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca debe ser un factor predominante para que se suspendan las obras advirtió la diputada de Morena Ángeles Valencia.
En ese sentido exigió al Gobierno de la Ciudad de México frenar las obras de construcción del Tren Interurbano en el tramo que corresponde a la Delegación Cuajimalpa porque desde el proceso de licitación y desarrollo de las obras se han presentado varios accidentes que tienen que ver con el diseño de las estructuras y la mala calidad de los materiales.
Hizo notar que la Auditoría Superior reveló que ni la SCT ni el gobierno de la Ciudad de México, corresponsable de los trabajos que se efectúan en Cuajimalpa, evaluaron correctamente a todas las compañías que participaron en las licitaciones, lo que generó actos de corrupción.
Ángeles Valencia consideró que como resultado de 61 auditorías a la SCT, la ASF reportó desvíos de recursos presupuestales por 137 millones de pesos por el pago de derecho de vía y otros factores, por lo que habría que revisar la entrega de 47 millones 149 mil 509.90 pesos al comunero Gabino Sandoval Baltazar, para facilitar la posesión de los terrenos, más no la propiedad como tenedor a SCT, sin el consenso de las dos terceras partes de los dos mil 345 comuneros de San Lorenzo Acopilco, de la Delegación Cuajimalpa.
Detalló que Sandoval Baltazar recibió un cheque con número 0000705 de la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que permitiera la posesión de los terrenos con una extensión de mil 608 kilómetros cuadrados con forme al nuevo censo básico, ubicados en los bienes comunales de San Lorenzo Acopilco, entre los kilómetros 40+ 887.38 al 41+ 208.95, que serán designados para la construcción y operación del Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca.
Destacó que con base a reuniones que ha sostenido con los comuneros de San Lorenzo Acopilco, estos han mencionado que Gabino Sandoval se ha dedicado a distribuir entre 100 a 150 supuestos comuneros grandes cantidades de dinero y a prometerles que habrá más si dejan de obstaculizar el paso del Tren Interurbano a través de dos túneles que afectarían irreversiblemente el macizo del cerro y el cauce de 16 manantiales, así como el derribo de más de dos mil árboles centenarios y originarios de la zona de Cruz Blanca.
Precisó que la información respecto al desvío de recursos para las obras del Tren Interurbano México-Toluca está asentada en la tabla 17 del Informe General de la Cuenta Pública de 2015, localizado en la página 71, con el número de auditoria 393-DE y sostuvo que el Tren México-Toluca es un resumen del sexenio en cuanto a corrupción, opacidad y construcciones de vías de comunicación de mala calidad.
Cabe destacar que de los 137 millones de pesos, 99 millones se destinaron a pagos que la SCT realizó a las empresas que contrató para supervisar trabajos de ciertas fases del proyecto, pese a que en el momento de las liquidaciones dichas etapas estaban suspendidas.
La ASF precisó que 30 millones de pesos se destinaron a pagos indebidamente porque las autoridades de la SCT no verificaron que la constructora realizara todos los trabajos estipulados en el contrato, ni cumpliera con los precios unitarios acordados.
