DIEZ AÑOS DE PRISIÓN QUIEN REALICE DESPOJO PATRIMONIAL A LOS ADULTOS MAYORES
18 de Noviembre de 2014
Con el fin de evitar el despojo patrimonial por parte de los familiares de los Adultos Mayores, se impondrán hasta diez años de prisión a quienes comentan despojo de sus inmuebles urbanos, y de uno a ocho años a los autores intelectuales, afirmó la diputada Dinorah Pizano Osorio, al presentar la iniciativa que reforman y adicionan diversos capítulos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.
Explicó que la iniciativa contempla que las personas adultas mayores cuenten con asesoría jurídica gratuita y con un representante legal cuando se considere necesario, así como poner especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar.
Lo anterior, toma especial importancia ya que el despojo patrimonial es una modalidad de violencia que se enmarca en un contexto de por sí alarmante, pues el 54 por ciento de las personas de 60 años o más, reportan haber sufrido maltrato por parte de su pareja, familiares o personas cercanas, subrayó.
La legisladora perredista dijo que según el Instituto de Atención de Adultos Mayores del Distrito Federal alertó de distintos tipos de violencia que se ejercen en contra de ancianos en la ciudad de México, en donde el principal abuso es el intento de despojo de sus bienes y recursos económicos, usar sus pertenencias o la tarjeta de pensión alimenticia que entrega el gobierno de la ciudad, sin su consentimiento.
Así también se sabe que reciben presiones para la modificación de sus testamentos, falsificación de firmas en documentos oficiales, no brindarles alimento o ropa, abandono, el encierro para prohibirles tener contacto con otras personas, no proveerles la medicina que requieren, además de actitudes de desprecio, indiferencia o agresiones.
Otra aportación importante a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas es que se incorpora el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, con el fin de promover ante las dependencias y entidades competentes las acciones y programas que aseguren el mejoramiento y fortalecimiento de sus condiciones sociales y de salud, y la elevación de su calidad de vida.
Por lo anterior, Pizano Osorio afirmo que la iniciativa plantea la nulidad de todos los actos derivados del despojo de los bienes de las personas adultas mayores, tanto muebles como inmuebles, además de contener otras disposiciones, con el objeto de desalentar y erradicar esos abusos y actos crueles contra los Adultos Mayores.