DIPUTACIÓN PERMANENTE PIDE DESTITUCIÓN DE LA TITULAR DE LA PGR
10 de Agosto de 2011
Boletín # 561
Debido al deficiente desempeño al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), la Diputación Permanente exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que remueva de su cargo a la procuradora Marisela Morales Ibáñez.
El diputado Víctor Hugo Romo Guerra, indicó que desde hace unos años, el país no ha podido encontrar en la PGR a una institución que lo proteja de crímenes y criminales, que haga defender y progresar el estado de derecho dentro de la sociedad mexicana en lo que va del presente sexenio, debido a que el accionar de la institución se ha vuelto opaco, tendencioso y deficiente.
El legislador remarcó que el incremento del presupuesto a esta institución ha avanzado en sentido inverso, pues se le han otorgado 8 mil 144 millones pesos en 2005 y para el 2011 tuvo un incremento de 12 mil millones, que representa un aumento del 32 por ciento.
Lo anterior es contrastante con las tasas decrecientes de efectividad de la institución, pues de acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno 2010, la efectividad de la PGR en la relación con las averiguaciones previas despachadas y sentencias condenatorias durante el 2009 fue del 18 por ciento, mientras que para el 2011, la tasa de efectividad es de sólo 4 por ciento; es decir, mientras su presupuesto aumentó en más de un 30 por ciento, su efectividad bajó 14 puntos porcentuales.
Recordó que la nula reacción de la PGR ante el informe realizado por el congreso de Estados Unidos, se ha mostrado cuando se logró ubicar 122 armas traficadas bajo el velo del operativo “Rápido y Furioso” que fueron encontradas en 48 escenas de crímenes cometidos en territorio nacional, además de las 21 renuncias de sus delegados estatales, los casos Hank Rhon, el llamado michoacanazo o el asunto de Gregorio “Greg” Sánchez.
Al usar la justicia con fines políticos, dijo, el gobierno federal no combate eficazmente la delincuencia; el uso faccioso y partidista de la PGR no se puede permitir, pues todas las órdenes del Ministerio Público deben de estar alejadas de consideraciones de orden político para que se recupere la credibilidad de la institución.
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