Diputación Permanente pide informes sobre beneficiados con el principio de “no vinculación a proceso”
01 de Marzo de 2017
- El diputado del PAN, José Gonzalo Espina Miranda, promovió un Punto de Acuerdo que fue respaldado por los Grupos Parlamentarios del PRD y Morena
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó que el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, todas de la Ciudad de México, informen a esta soberanía el número de personas beneficiadas con el principio de “no vinculación a proceso”, incluido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El exhorto fue presentado por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y surge porque en la transición de un modelo penal inquisitivo a uno acusatorio de nuestro sistema de impartición de justicia, debe fortalecerse el Estado de Derecho consagrado en la Constitución Política nacional y local.
A este Punto de Acuerdo, se sumaron a nombre de sus bancadas los diputados Raúl Antonio Flores García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario de Morena, quienes coincidieron con Espina Miranda en que las tareas realizadas por las dependencias antes mencionadas son decisivas para lograr una mayor transparencia en la aplicación de la justicia y en la disminución de delitos de alto y bajo impactos.
El diputado promovente de este punto destacó que si bien el nuevo sistema de justicia tiene dentro de sus objetivos principales proteger los derechos humanos de los inculpados bajo medidas como la presunción de inocencia, se debe evitar que los inculpados “le tomen la medida” y violen la ley porque entrar y salir de la cárcel les resulta “muy fácil”.
Espina Miranda expuso que la colaboración de estas dependencias y la participación ciudadana son fundamentales para la generación de estrategias que permitan el combate de conductas ilícitas. “Es importante conocer las necesidades de las distintas coordinaciones de la capital para proponer soluciones integrales que abonen al Sistema de Justicia Penal”, comentó.
En su oportunidad, el diputado Raúl Flores señaló que los delitos de bajo impacto son los más numerosos, por lo que deben usarse medios de vigilancia precautorios que también garanticen la seguridad.
Manifestó que los jueces deberán ser más estrictos en cuanto al catálogo de previsiones que la ley prevé al momento de imputar una sanción a los detenidos y que se deben impulsar acciones que den tranquilidad a la ciudadanía.
Al tomar la palabra, el diputado José Alfonso Suárez del Real dijo que “debe quedar en claro” que la VII Legislatura no busca invadir un área de funciones que no le compete, sino que solicitan la información necesaria que les permita entender el nuevo Sistema de Justicia Penal y coadyuvar en el fortalecimiento de procedimientos, reglas o protocolos que posibiliten los efectos deseados en la impartición de justicia.
“Por ello, queremos apoyar el punto respetuoso de la división de órganos y ámbitos de competencia y que el Poder Judicial entienda que esta información que se solicita permitirá perfeccionar aquello que ellos mismos nos indicarán, el perfeccionamiento del uso de estos mecanismos”, aseguró
Turnan a comisión solicitud de informes sobre terrenos para Línea 12
La Diputación Permanente en la ALDF turnó a la Comisión de Movilidad presidida por la diputada Francis Pirín Cigarrero, la discusión de la propuesta presentada por el legislador José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de Morena, en la que se solicita al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informe sobre la expropiación de los terrenos utilizados para la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La propuesta surge luego de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, diera a conocer que en la Ciudad de México se construirá una terminal multimodal en Observatorio, que servirá para conectar el Tren Interurbano México-Toluca y las rutas de transporte público hacia la capital del país y el Valle de México, cuya inversión se estima en 3 mil 500 millones de pesos.
Por lo que, mediante un Punto de Acuerdo, Suárez del Real y Aguilera solicitó al Jefe de Gobierno informe a esta soberanía el listado de contratos, compañías aseguradoras, coaseguradoras y pólizas que cubrirán los daños materiales que pueda traer consigo la construcción de este proyecto, así como el proceso de licitación para la construcción de la Línea 12.
Si las afectaciones pudieran darse a establecimientos mercantiles, comentó, se deberán precisar los mecanismos que se llevarán a cabo para apoyar económicamente a los comerciantes, toda vez que en la zona existe un mercado público que data de hace muchos años y que ofrece empleos a decenas de familias capitalinas.
