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DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTIMAN NECESARIO AUMENTAR PRESUPUESTO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



27 de Noviembre de 2015

Boletín # 142

• La magistrada presidenta Yasmín Esquivel Mossa, solicitó un monto de 493 millones 836 mil 483 pesos; la Secretaría de Finanzas le asigna sólo 367 millones 975 mil pesos

Al coincidir en la solicitud de recursos para afrontar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, establecer una Fiscalía de Combate a la Corrupción, la digitalización de los archivos, medidas de austeridad y gestiones para un edificio propio, se llevó a cabo la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD), con la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Yasmín Esquivel Mossa.

Al hacer uso de la palabra, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Xavier López Adame, destacó la importancia del Tribunal, ya que dijo, “el estado de derecho no podría entenderse si no se tiene una instancia que vigile de manera adecuada el actuar de sus autoridades”. Por lo anterior, aseguró que es fundamental otorgar a la dependencia los recursos y elementos necesarios a fin de que desempeñe sus funciones de manera óptima, en especial, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante su intervención, el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Felipe Félix de la Cruz Ménez hizo una solicitud atenta a la funcionaria, a fin de que se implemente un uso eficiente de los recursos y un proyecto de austeridad. Indicó que existe un problema severo de abuso y despidos injustificados dentro de las dependencias, mismo que, dijo, “es urgente resolver, mediante la formación y capacitación de los funcionarios”. Finalmente, hizo un llamado para que la institución realice contrataciones con base a la equidad de género y se cree una sala especial de notificaciones.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, señaló que el informe presentado es detallado, claro y con una justificación real de los trabajos que se tienen que hacer, principalmente en los cinco rubros en los que tiene que invertir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Además preguntó sobre las actividades específicas para acercar la actividad jurisdiccional a los ciudadanos del Distrito Federal y el costo que representa llevar a cabo este ejercicio.

Al señalar que las instituciones que imparten justicia deben ser modernas, eficientes y garantizar que la justicia sea pronta y expedita, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cynthia Iliana López Castro reconoció los avances del tribunal en materia de digitalización de los archivos y en que el próximo presupuesto no habrá aumentos para los mandos medios. Por ello, la legisladora pidió información sobre los expedientes que ya fueron resueltos, si se encuentran digitalizados; también solicitó realizar mesas de trabajo para poder homologar la Ley Anticorrupción.

En su oportunidad, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Mendoza Acevedo, realizó preguntas en torno a las medidas de austeridad que se han implementado para eficientar el gasto y solicitó información sobre las gestiones con el Gobierno del Distrito Federal para obtener un inmueble propio y qué acciones se pueden implementar desde la ALDF para apoyar al Tribunal.

El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Darío Carrasco Aguilar, se manifestó en contra de la reelección en el Tribunal; señaló que en lo referente a la austeridad debería haber seriedad en todos los órganos de gobierno, y hacer un esfuerzo importante para que se vea reflejado en todo. Dio la bienvenida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y preguntó si habrá funcionarios que estarán en la cárcel al incurrir en actos de corrupción, cuando actúan por consigna y en contra de los intereses de los ciudadanos

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Gerardo Quijano Morales, calificó de “ridículo” el monto de apenas uno por ciento que el Tribunal destina a los gastos de operatividad y aplaudió la “austeridad” con que se ejerce el presupuesto, pues, dijo, éste ingresó a la hacienda local casi 700 millones de pesos en el año 2014. “Yo creo que un aumento al presupuesto del Tribunal está plenamente justificado. Ustedes ingresan más dinero del que nos cuestan y eso se agradece en la hacienda pública”, afirmó el legislador, previo a solicitar que la funcionaria aclare si el Fideicomiso para el Retiro de los Magistrados de 29 millones de pesos, se entregará año con año o por una única vez.

Al participar en la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para conformar el Presupuesto para 2016, la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCADF), Yasmín Esquivel Mossa, señaló que tienen como función resolver los conflictos entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública Federal, en este sentido, dijo que se atiende al año a 35 mil 319 personas en el área de defensoría; conoce 12 mil 500 asuntos en material fiscal y administrativa; cada año resuelve en promedio 8 mil recursos de apelación, y se practican cerca de 56 mil notificaciones personales y 87 mil notificaciones a las autoridades.

Agregó que el presupuesto asignado desde 2010 ha sido insuficiente para cubrir el gasto total generado para ejecutar las actividades antes mencionadas, pues durante el 2015, el 84 por ciento de los recursos asignados se destinó de la siguiente manera: 72 por ciento para pago de nómina y 12 por ciento para la renta del inmueble.

Precisó que existe un déficit de 125 millones 861 mil 157 pesos respecto al presupuesto asignado por la Secretaría de Finanzas que es por un monto de 367 millones 975 mil pesos contra lo solicitado por el tribunal que asciende a 493 millones 836 mil 483 pesos, para cubrir cinco proyectos: uno, implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; dos, la contratación de 40 plazas más, a fin de atender el aumento de 10 por ciento del número de juicios; tres, la creación de la Unidad de Equidad Género; cuatro, la digitalización del archivo de concentración y cinco, la creación del fideicomiso para el retiro de los magistrados. Todo ello, con un costo total de 99 millones 763 mil pesos.