DIPUTADOS DENUNCIAN FALTA DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE COMPARECENCIA DE MARTÍ BATRES
12 de Octubre de 2010
Al presentar su informe de labores ante el Pleno de la Asamblea Legislativa como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social local, recibió críticas por parte de los diputados del PVEM, PRI y PAN en el sentido que falta transparencia y quien opera los programas sociales en la ciudad de México, mientras legisladores del PT y PRD reconocieron las acciones en materia social.
Batres Guadarrama convocó a todas las fuerzas políticas a defender el presupuesto de esta capital y consideró que son necesarias iniciativas para crear el Banco de la Ciudad de México y así promover el desarrollo económico y social en el Distrito Federal.
En su posicionamiento, el diputado del PVEM, Norberto Ascencio Cruz, consideró lamentable que las políticas de desarrollo social aplicadas no siempre busquen el fortalecimiento de la política social, por lo que lo llamó para que el próximo año sea congruente con una política que beneficie verdaderamente el desarrollo progresivo de los capitalinos, pues las acciones mal planeadas tienen consecuencias irreversibles. Sin embargo, reconoció acciones atinadas por el servidor público.
El diputado Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, dijo que la crisis actual se convierte en una carga para los millones de mexicanos que contemplan cómo pasan los días sin que su economía crezca o que por lo menos sea suficiente para la subsistencia.
Añadió que hay que hacer un frente común en la ciudad para que se protejan los programas de justicia social y acciones del gobierno y sostuvo que es necesario definir el Presupuesto de Egresos del 2011 en la Cámara de Diputados, para lo que es vital crear una exigencia colectiva ante una inminente guerra política, cuyo único y previsible escenario tiene objetivos electorales rumbo al 2012.
La diputada del PRI, Alicia Téllez Sánchez, destacó que la respuesta del Gobierno local ante la crisis actual es ineficaz, asistencialista, clientelar, descoordinada y propicia una insostenible duplicidad entre órganos desconcentrados y delegaciones.
Dijo que el PRI percibe que la política social se ha convertido en botín político y electoral y que muchas familias viven de los diferentes apoyos que otorga el gobierno capitalino, como el de madres solteras, Prepa Sí, niños talento, entre otros.
Pidió explicar a esta soberanía porqué se responsabiliza a otros funcionarios de los programas sociales y si éstos responden a fines político electorales.
Por Acción Nacional, la diputada Lía Limón señaló de poca utilidad el diálogo con el servidor público porque él no es el encargado de la política social, aunque sí es responsable de ocupar un cargo y percibir un salario por funciones que ya no desempeña. Explicó que las cifras de pobreza en la ciudad son desastrosas y reflejan datos poco alentadores en cuanto al alivio de ésta.
Lamentó que los programas sociales se hayan convertido en prebendas políticas y descalificó la cifra de 5 y medio millones de beneficiarios de la Red Ángel y sus inconsistencias en el número de programas que la integran. De tal manera que lo conminó a tener congruencia en sus declaraciones, ante la incapacidad de tener orden y transparencia en su administración.
Por su parte, la diputada perredista María de Lourdes Amaya Reyes, felicitó al secretario por los altos puntajes alcanzados en el tema de transparencia y acceso a la información pública y que ante la cruda realidad nacional, en el Distrito Federal se impulsan políticas públicas encaminadas a transformar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables; se promueve la equidad, el acceso a bienes y servicios básicos; se combaten las marcadas desigualdades económicas y sociales y principalmente se busca contribuir a una mayor cohesión social.
Por lo anterior, aseguró que su grupo parlamentario defenderá el presupuesto para la ciudad, y en particular el presupuesto para el gasto social. “Exigimos la inclusión del Distrito Federal en la asignación de los fondos federales de combate a la pobreza.
