DIPUTADOS DENUNCIAN FALTA DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE COMPARECENCIA DE MARTÍ BATRES
12 de Octubre de 2010
Boletín # 918
• El Secretario de Desarrollo Social convoca a todas las fuerzas políticas a defender el presupuesto de la Ciudad de México
Entre críticas por la falta de transparencia, de una política social que beneficie el desarrollo progresivo y sobre quién opera los programas sociales en la Ciudad de México por parte del PVEM, PRI y PAN, y el reconocimiento del PT y PRD a la política social que aplica el Gobierno del Distrito Federal, transcurrió la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, durante la Glosa del IV Informe de Gobierno.
Por su parte, Martí Batres Guadarrama al convocar a todas las fuerzas políticas a defender el presupuesto de la ciudad, dijo que todos los cambios registrados en la sociedad capitalina son producto de un movimiento de la gente y que tiene como esencia la lucha por la igualdad social y la reivindicación de los derechos sociales y que explica la importancia del programa de desarrollo social.
Consideró que son necesarias iniciativas para crear el Banco de la Ciudad de México para promover el desarrollo económico y social; El Programa de las Empresas Juveniles, para atender a población que no tiene escuela ni trabajo; ampliar los programas dirigidos a niñas y niños menores de cinco años, donde se manifiesta más la pobreza; crear las casas taller para la vida dirigidos a la población en situación de calle y dar a todas las colonias la oportunidad de realizar un ejercicio de presupuesto participativo como el Programa de Mejoramiento Barrial.
En su posicionamiento, el diputado del PVEM, Norberto Ascencio Cruz, consideró lamentable que las políticas de desarrollo social aplicadas no siempre busquen el fortalecimiento de la política social, por lo que lo llamó para que el próximo año sea congruente con una política que beneficie verdaderamente el desarrollo progresivo de los capitalinos, pues las acciones mal planeadas tienen consecuencias irreversibles. Sin embargo, reconoció acciones atinadas por el servidor público.
Lo exhortó a aplicar una política de desarrollo social que permita revertir los procesos de exclusión y de segregación social, garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales, disminuir la desigualdad social, distribución de la riqueza, los bienes y servicios entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales.
El diputado Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, dijo que la crisis actual se convierte en una carga para los millones de mexicanos que contemplan cómo pasan los días sin que su economía crezca o que por lo menos sea suficiente para la subsistencia. Añadió que hay que hacer un frente común en la ciudad para que se protejan los programas de justicia social y acciones del gobierno y sostuvo que es necesario definir el Presupuesto de Egresos del 2011 en la Cámara de Diputados, para lo que es vital crear una exigencia colectiva ante una inminente guerra política, cuyo único y previsible escenario tiene objetivos electorales rumbo al 2012.
Pidió que el Secretario de Desarrollo Social señale qué recomienda para que las futuras políticas sociales del gobierno local entren en un periodo de crecimiento, como son los programas de mejoramiento barrial, así como la consolidación efectiva de un padrón respecto de los adultos mayores. Agregó que dichos programas se deben consolidar bajo una ley, y que la Asamblea Legislativa trabaje en ellos para que una vez establecidos sean un derecho universal para los habitantes del Distrito Federal.
La diputada del PRI, Alicia Téllez Sánchez, dijo que la respuesta del Gobierno local ante la crisis actual es ineficaz, asistencialista, clientelar, descoordinada y propicia una insostenible duplicidad entre órganos desconcentrados y delegaciones. Además es discrecional en la formulación de reglas de operación, carece de un padrón único de beneficiarios, revela marcada opacidad, es excluyente y subestima la organización social y la participación ciudadana.
Dijo que el PRI percibe que la política social se ha convertido en botín político y electoral y que muchas familias viven de los diferentes apoyos que otorga el GDF, como el de madres solteras, Prepa Sí, niños talento, etcétera. Agregó que están desconcertados por las decisiones del Jefe de Gobierno en asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que le pidió explicar a esta soberanía por qué se responsabiliza a otros funcionarios de los programas sociales y si éstos responden a fines político electorales.
Por Acción Nacional, la diputada Lía Limón señaló de poca utilidad el diálogo con el servidor público porque él no es el encargado de la política social, aunque sí es responsable de ocupar un cargo y percibir un salario por funciones que ya no desempeña. Explicó que las cifras de pobreza en la ciudad son desastrosas y reflejan datos poco alentadores en cuanto al alivio de ésta.
Lamentó que los programas sociales se hayan convertido en prebendas políticas y descalificó la cifra de 5 y medio millones de beneficiarios de la Red Ángel y sus inconsistencias en el número de programas que la integran. De tal manera que lo conminó a tener congruencia en sus declaraciones, ante la incapacidad de tener orden y transparencia en su administración.
Por su parte, la diputada perredista María de Lourdes Amaya Reyes, felicitó al secretario por los altos puntajes alcanzados en el tema de transparencia y acceso a la información pública y que ante la cruda realidad nacional, en el Distrito Federal se impulsan políticas públicas encaminadas a transformar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables; se promueve la equidad, el acceso a bienes y servicios básicos; se combaten las marcadas desigualdades económicas y sociales y principalmente se busca contribuir a una mayor cohesión social.
Por lo anterior, aseguró que su grupo parlamentario defenderá el presupuesto para la ciudad, y en particular el presupuesto para el gasto social. “Exigimos la inclusión del Distrito Federal en la asignación de los fondos federales de combate a la pobreza, ya que según datos de la Secretaría de Hacienda, en el 2008 en el Distrito Federal se recaudó 60.3 por ciento del ISR nacional, el 48.9 por ciento del IVA Nacional y el 39.7 por ciento nacional del impuesto al activo. A cambio, sólo se recibió el 11.8 por ciento de las participaciones”, concluyó.
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