DIPUTADOS LOCALES DEMANDAN INVESTIGAR DELITOS SEXUALES, CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN PENALES
19 de Abril de 2010
Boletín # 516
• Comparece la subsecretaria del Sistema Penitenciario ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y PT exhortaron a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, aplicar acciones inmediatas para investigar todos los delitos que se cometen al interior de los reclusorios como violaciones sexuales, lenocinio, prostitución, extorsión, uso de celulares para la comisión de delitos y tráfico de drogas, entre otros.
Indicaron que los diferentes centros de readaptación social se han convertido en “verdaderas fábricas de delincuentes”, continúa la cultura del terror y del silencio, mientras que la corrupción es la base para su funcionamiento debido a la cadena que no sólo involucra a los internos sino también a custodios y autoridades.
Demandaron la instalación de cámaras de video y medidas que eviten las violaciones en los pasillos o túneles, la trata de personas y demás delitos, además de realizar cambios sustanciales en la política del sistema penitenciario para evitar la reincidencia y la sobre población que actualmente es de 200 por ciento.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Julio César Moreno Rivera dijo que es preocupante la ausencia de una política pública que atienda a los jóvenes delincuentes que se encuentran en los reclusorios. Definió a las cárceles como “fábricas y universidades de delincuentes”, pues desde su interior se cometen delitos como extorsiones telefónicas y secuestros exprés.
Respecto de las denuncias sobre lenocinio y prostitución, el diputado Cristian Vargas (PRI), pidió la renuncia de la servidora pública al acusarla de no haber actuado ante la denuncia de que en los reclusorios femeniles las internas son obligadas a ejercer la prostitución.
Vargas Sánchez dio a conocer el caso de una interna que fue violada cinco veces por parte de tres reclusos y un custodio en el túnel que conduce al juzgado del reclusorio, sin que nadie la ayudara. Explicó que esta denuncia la recibió a través de una carta de la víctima y que dará a conocer más tarde.
Descalificó el informe de Oseguera Parra porque no mencionó nada sobre las tarifas que se cobran por sostener relaciones sexuales, ni de los precios que imperaban el año pasado por navaja, colchoneta, por no hacer fajina, por la renta de una celda privilegiada, por una piedra, grapa de cocaína y un carrujo de marihuana.
Al considerar que a pesar de los operativos realizados en los centros de readaptación continúa privando la cultura del terror y del silencio, la diputada del PRD, Lizbeth Rosas Montero, afirmó que todos los días se registra un secuestro perpetrado desde el interior de un reclusorio, planeado, realizado vía telefónica. Por ello, cuestionó las medidas aplicadas para inhibir la señal de los aparatos y demandó cambios a fondo en la política penitenciaria.
El diputado panista Carlo Fabián Pizano (PAN) cuestionó a la subsecretaria las causas del incumplimiento para la construcción de un penal; pidió explicación sobre la operación de los bloqueadores de celular y las causas de su inoperancia. Solicitó información sobre la fuga de reos ocurrida el 30 de enero pasado, situación que –dijo el legislador- amerita la renuncia del director del reclusorio. También requirió una explicación sobre la existencia de internos de alto poder económico quienes gozan de condiciones de privilegio y son los responsables de permitir esta situación.
A su vez, el diputado Alejandro Carbajal González (PRD) propuso realizar mesas de trabajo para concretar las reformas legales necesarias e indicó que “la violencia no se ataca con más violencia”. Se debe apostar a los programas de prevención del delito y reorientar políticas públicas, agregó.
Al afirmar que es un problema grave, un foco rojo, un modelo que está en colapso por el hacinamiento en los reclusorios, el diputado David Razú Aznar solicitó a la funcionaria poder realizar un recorrido por los túneles que se han convertido en “cueva de lobo”. Además le pidió un informe sobre la situación que guardan las distintas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en lo referente abuso sexual, muertes violentas por homicidios, entre otras.
Al pedir protección para las mujeres que denunciaron lo que enfrentan en el interior del reclusorio, la diputada Beatriz Rojas Martínez (PRD) reprobó que se vulneren los derechos de las internas y preguntó sobre la infraestructura de salud con que cuentan, la atención que reciben las embarazadas en reclusión, y qué programa tienen para que las mujeres se incorporen a la vida social y garantizar que se adapten a su familia.
El diputado Arturo López Cándido (PT) señaló que es muy claro que se trata de un caso de explotación sexual el de las tres internas, y le preguntó si ya investigó las constantes denuncias de que se ejerce la prostitución en los túneles de los reclusorios; si las internas denunciantes están protegidas y si existe un programa para evitar el contagio de VIH/SIDA.
El sistema penitenciario está en crisis no sólo en el DF, sino a nivel nacional e internacional, reconoció la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, quien consideró necesario realizar los cambios a fondo en la legislación vigente.
Las modificaciones, dijo, deben permitir el combate a la corrupción a pesar de las resistencias del personal, es importante aplicar una política de rotación de los trabajadores y que los custodios o autoridades involucradas en actos delictivos se hagan responsables de sus conductas, porque “no vamos a solapar a nadie”, advirtió.
Respecto de las tres internas que denunciaron ante la CDHDF acoso sexual y ser obligadas a ejercer la prostitución, la servidora pública señaló que ya se tomaron medidas correctivas y preventivas y se destinaron espacios para salvaguardar la seguridad e integridad física para que las reclusas concluyan sus diligencias.
Dio a conocer que al dar trámite a las denuncias de las internas se estableció coordinación con personal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Se comprometió a seguir colaborando con las autoridades aportando la información necesaria.
Sostuvo que la sobrepoblación en los 10 centros de readaptación social es del orden del 86.84 por ciento, que apenas con la construcción de 9 reclusorios más se solucionaría el sobre cupo, pero ya no habría espacio para nuevos internos. Actualmente existen 40 mil reclusos y se requieren de 19 mil espacios.
Afirmó que en la actualidad se encuentran recluidas un mil 934 mujeres y 38 mil 417 hombres, la población procesada asciende a 8 mil 683 internos y 31 mil 668 sentenciados.
Adelantó que para resolver el problema de internos de alto riesgo institucional y social, se tiene en proyecto la construcción de dos centros de media alta seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, con una capacidad para 800 internos cada uno. A la fecha, dijo, está por definirse a las empresas que participarán con inversión privada.
Comentó que 50 millones de pesos se destinan a gastos de inversión, los cuales se canalizan para equipar los centros: adquisición de generadores de vapor, plantas de luz, vehículos para traslado de internos, ambulancias, equipo canino, bloqueadores de teléfonos celulares para el Centro Preventivo Varonil Oriente y Penitenciaría del DF, y adquisición del equipo de registro y control de la visita familiar.
Con la finalidad de atender de manera oportuna e inmediata la comisión de actos posiblemente constitutivos de delito originados al interior de los Centros Penitenciarios del Distrito Federal, la subsecretaría propuso la creación de la Unidad o Fiscalía Especializada, a fin de dar seguimiento a todas las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En cuanto al tratamiento de los enfermos de VIH/SIDA, sostuvo que en la Penitenciaría se encuentra un dormitorio exclusivo para los enfermos en donde se les da una atención directa por personal de la Clínica Condesa. Aseguró que los casos han disminuido y la enfermedad está siendo controlada.
Agregó que se aplicaron pruebas antidoping, exámenes de control de confianza y de capacitación al personal. Además, están sujetos a procedimiento de baja dos custodios por actos de corrupción y por supuesta violación en hospital; 49 custodios están en proceso de baja por antidoping y 75 más están en proceso de confirmación; 170 casos aproximadamente en estudio y revisión por diversas irregularidades.
En este año como resultado de riñas, afirmó, han ocurrido 8 homicidios y un suicidio. En 2008 se registraron 16 suicidios; en 2009, 16, y en lo que va de enero a abril va uno. En homicidios, en el año 2008 se cometieron 17; en 2009, 13 y en 2010, ocho. De muertes naturales, en el 2008 hubo 95; en el 2009, 113, y de enero a abril de este año, 22.
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