Diputados de Morena, Ángeles Valencia y Martínez López, clausuraron simbólicamente obras del Tren Interurbano
13 de Septiembre de 2016
· Legisladores advierten que civiles que resguardan zona donde se construye túnel portan armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
· El 22 de septiembre la ONU-México recibe a comuneros de San Lorenzo Acopilco para fijar un pronunciamiento en contra de ecocidio y a favor de derechos humanos de dos mil 344 comuneros
· Tren Interurbano no es una obra de movilidad social sino para favorecer a empresarios y familias adineradas de la zona de Atlacomulco
Los diputados de Morena Ana Juana Ángeles Valencia y Paulo César Martínez López clausuraron simbólicamente las obras del Tren Interurbano México-Toluca ubicadas en el Paraje de Cruz Blanca del pueblo de San Lorenzo Acopilco, de la delegación Cuajimalpa, acompañados de medio centenar de comuneros de la localidad y por la visitadora adjunta de la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Claudia Isabel Conde López.
Los trabajadores de la constructora, que inducen las obras para edificar el túnel por donde se pretende pase en Tren Interurbano, al distinguir la presencia de los comuneros encabezados por los legisladores, interrumpieron su jornada por un lapso de 10 minutos y finalmente se retiraron permaneciendo un velador vestido de civil que portaba una arma de uso exclusivo del ejército.
En ese sentido los diputados locales se comprometieron a exigir a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Federal y de la Ciudad de México investiguen la razón porque un civil porta armas de grueso calibre en un espacio donde se realizan obras públicas que no se justifica el uso de este tipo de armamento.
Por su parte, el representante legal del Frente Único de comuneros de San Lorenzo Acopilco, Isaac Salinas García, anunció que el 22 de septiembre sostendrán una reunión con la representación de la Organización de las Naciones Unidas-México (ONU) para que emita una recomendación al gobierno mexicano por atentar contra derechos humanos de dos mil 344 comuneros de San Lorenzo Acopilco, como el derecho humano al agua, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, entre otros.
Ángeles Valencia y Martínez López dieron a conocer que la clausura simbólica fue en el sentido de que la obra atenta en contra de los derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Hicieron notar que este derecho ha sido ampliamente reconocido en diversas declaraciones y planes de acción de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Revelaron que tanto ICA como la SCT no respetaron la disposición de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) al talar más de dos mil árboles cuando la autorización fue de sólo derribar 350 árboles y el compromiso de replantar 20 mil ejemplares similares en la zona circunvecina cuyo plazo se venció hace dos meses.
Comentaron que los propios comuneros han presentado, ante las Procuradurías General de la República como de la General de Justicia del Distrito Federal, denuncias de actos de corrupción cometidas por autoridades de la SCT y Gabino Sandoval Baltazar, un sedicente representante de los comuneros que recibió un cheque por 47 millones de pesos girado por esta dependencia a su nombre en lugar de extenderlo a favor de los comuneros y depositarlo en una cuenta colectiva por la supuesta compra de la zona donde se pretende construir el túnel.
Antes de iniciar la caminata de los más de 400 comuneros, los diputados Ángeles Valencia y Martínez López se comprometieron a vigilar que el debido proceso se realice conforme a derecho para evitar un ecocidio y se siga atentando contra derechos humanos de los comuneros.
Señalaron que la obra no es de tipo social para favorecer a alguna comunidad de la capital del país o del Estado de México en materia de movilidad sino para beneficiar a los empresarios y familias adineradas de las zonas de Atlacomulco y Zinacantepec para que arriben al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que también pretende construir el gobierno Federal antes de finalizar este sexenio.
Coincidieron en señalar que la destrucción de 16 manantiales afectaría el abasto de agua potable a los pueblos aledaños a San Lorenzo Acopilco y otras zonas de la Cuidad de México lo que significaría atentar contra el derecho humano al agua potable, asequible y suficiente, entre otros derechos humanos que se verían afectados.
