DIPUTADOS PIDEN AL GDF REGULARIZAR TENENCIA DE LA TIERRA EN DIFERENTES DELEGACIONES
14 de Noviembre de 2009
Boletín # 167
Con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica respecto del patrimonio de los habitantes del Distrito Federal de escasos recursos, la Asamblea Legislativa exhortó al gobierno capitalino a emitir los decretos de expropiación que regularicen la tenencia de la tierra en diversas delegaciones políticas.
Durante la sesión ordinaria del Pleno, el diputado José Arturo López Cándido explicó que la irregularidad de la propiedad de la tierra en el Distrito Federal se origina en gran parte por contratos de compraventa celebrados sin cumplir con las formalidades de ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, lo cual ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan.
Explicó que los predios referidos se subdividieron a través de las enajenaciones sin formalizar, luego se transmitieron por diversos medios como cesiones de derechos, compra-ventas ratificadas o simples, por tanto los actuales ocupantes sólo pueden acreditar derechos posesorios.
Precisó que en las delegaciones Iztapalapa, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tláhuac, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los que se encuentran 18 predios que corresponden a 7 mil 854 lotes, con una superficie a regularizar de un millón de metros cuadrados, lo que se traduce en 43 mil 197 habitantes.
Aseguró que los habitantes de los asentamientos han manifestado la necesidad de que se garantice la seguridad jurídica respecto de sus terrenos, expresando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el programa de regularización territorial.
Señaló que incluso el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal ha determinado esta garantía como eje principal para poder gozar del Derecho a la Vivienda y para lograrlo es necesario que se desarrolle una política de suelo que garantice la oferta legal del terrenos suficiente y asequible para la población y que desaliente la ocupación irregular.
Dijo que este instrumento mandata revisar y reorientar, desde el enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad, las políticas de desarrollo urbano, ordenamientos territorial y ecológico, asegurando consistencia y articulación.
El punto de acuerdo contempla favorecer soluciones más equilibradas a diversos problemas en materia de derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano y al agua, entre otros, con el fin de regular el crecimiento de la vivienda y los asentamientos en suelo de conservación, así como regularizar los asentamientos informales consolidados, pero que no se encuentren en zonas de riesgo y no afecten los atributos del medio ambiente.
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