DIPUTADOS PIDEN A OMBUSMAN CAPITALINO OPINIÓN SOBRE REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DF
14 de Abril de 2011
Boletín # 261
Con quejas, aprobaciones y opinión respecto de las reformas sobre el sistema de justicia penal en la capital, los juicios orales, Supervía Poniente, bullying, condiciones del sistema penitenciario, uso de tecnología en los Ministerios Públicos y Ceresos, la figura del arraigo y diversas recomendaciones, transcurrió la comparencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En nombre del Partido Nueva Alianza, la diputada Axel Vázquez Burguette afirmó que en la Ciudad de México falta que las políticas públicas se vuelvan ley, por lo que hizo una llamado a intensificar una cultura de respeto de derechos humanos y poner más atención en la migración de los capitalinos como resultado de la violencia generalizada. Asimismo criticó la falta de coordinación interinstitucional en beneficio de la población.
Ante la ausencia de mecanismos para hacer denuncias inmediatas sobre todo en materia de salud, el diputado Norberto Solís Cruz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso instalar una línea telefónica directa en cada centro de salud local para que presenten sus denuncias.
El diputado José Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, afirmó que una de cada dos personas que tienen contacto con servidores públicos regularmente reciben algún tipo de abuso, por lo que se pronunció en favor de velar por el estricto cumplimiento de la justicia.
En el uso de la tribuna, la diputada Alicia Téllez Sánchez manifestó que aún existe violación de los derechos humanos en esta ciudad de vanguardia, tales como los recortes del suministro del agua, la falta de espacios de recreación, principalmente en las zonas oriente y poniente. Se pronunció a favor del trabajo coordinado entre el Instituto de la Mujer y la CDHDF, que brindan apoyo hacia los derechos de las mujeres, en particular en el caso de reclusas y mujeres violentadas con el fin de combatir los feminicidios en el país.
La diputada panista Lía Limón García solicitó saber qué ha pasado con la solución de las 317 quejas recibidas en su dependencia respecto a los derechos humanos de las niñas y niños; cuál es el resultado del informe de explotación sexual infantil en el Distrito Federal; por qué no se ha pronunciado respecto de las reformas a la legislación penal en materia de pedofilia presentadas por el PAN y qué ha hecho cuidar la no violación de los derechos de los reclusos y reclusas del DF. También cuestionó por qué ya no hubo pronunciamientos respecto al tema de la Supervía, toda vez que su petición de hacer una consulta vecinal fue rechazada por el Jefe de Gobierno.
El diputado perredista David Razú Aznar, consideró amplio el informe del funcionario pero pidió mayor información sobre cómo se está ejerciendo el gasto en difusión y promoción de los derechos humanos en la capital. Calificó como un avance las mil 473 medidas cautelares y los servidores públicos sancionados por agresiones a mujeres, aunque insistió en que para la reforma judicial se debe avanzar en penas alternativas, reconciliación de daños, readaptación y otras que permitan transitar a la eliminación de la discriminación, particularmente los retos pendientes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
El diputado panista Juan Carlos Zárraga Sarmiento preguntó al funcionario por qué se evitó una recomendación a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre una violación de acceso a la información; qué se ha hecho sobre el transporte escolar obligatorio; cuántas denuncias se han presentado para tener un medio ambiente sano y qué autoridades han realizado más violaciones en esa materia. Finalmente preguntó cuál es su opinión respecto de que el Jefe de Gobierno no acató la recomendación de la CDHDF sobre la Supervía Poniente.
La diputada Beatriz Rojas Martínez cuestionó al servidor público sobre el tema laboral para las mujeres, en particular a las internas en centros penitenciarios locales y sobre las acciones realizadas para fomentar los derechos humanos de los barrios y pueblos del Distrito Federal.
Antes, en su informe, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Placencia, señaló que durante 2010 atendieron a 113 mil personas; se otorgaron 38 mil servicios; se escuchó a 11 mil personas; se iniciaron 9 mil 396 quejas y casi 8 mil casos solucionados. Se emitieron 12 recomendaciones y cerca de 6 mil medidas cautelares dictadas.
Aseguró que las tres dependencias con mayor número de quejas son las secretarías de Gobierno, en especial la Subsecretaria del Sistema Penitenciario; Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia por presuntas violaciones a los derechos de libertad, seguridad jurídica, salud, víctimas, integridad y debido proceso.
Asimismo denunció las frecuentes resistencias del sistema penitenciario y de justicia para adolescentes para colaborar con la Comisión en favor de los ciudadanos.
Entre los pendientes resaltó los cuestionamientos en torno de los proyectos de desarrollo urbano, por incumplir las normas que aseguran la participación ciudadana; es decir, el resultado del desencuentro entre la administración local y las personas opositoras al proyecto de la Supervía, documentado en la primera recomendación de la CDHDF de este año.
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