DIPUTADOS DEL PRD CONVOCAN A UNA MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA DEFENDER EL AGUA COMO UN DERECHO HUMANO
08 de Marzo de 2015
Diputados locales y federales del PRD llamaron a una movilización social para detener el ultraje en contra de la mayoría de los mexicanos, al pretender con la nueva Ley General del Agua que quieren aprobar PRI, PAN, PVEM y Panal, privatizar este servicio vital para la población, con lo que se atenta en contra del acceso al agua como derecho humano, tal como lo contempla la el Artículo 4º Constitucional.
Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como los diputados federales Aleida Alavez, Socorro Ceceña, Alejandro Sánchez Camacho y Gabriel Orihuela, manifestaron que el próximo martes, cuando se espera que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discuta dicha legislación se movilizarán frente al Palacio legislativo de San Lázaro.
En particular, sostuvieron que de aprobarse la legislación violatoria del derecho humano al acceso del agua, en el Distrito Federal se incrementaría hasta en un 300 por ciento, la tarifa del vital líquido.
Por la parte federal, Aleida Alavez y Sánchez Camacho sostuvieron que promoverán una mención suspensiva para que no se discuta en el pleno camaral, pero de persistir la posición de la derecha, no descartan la toma de tribuna, y de concretarse este nuevo agravio a la ciudadanía, buscarán promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Alejandro Ojeda llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a su homóloga en el Distrito Federal, intervengan mediante recomendaciones para evitar la aprobación de la Ley General de Aguas que se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
En caso de concretarse ente nuevo atentado contra los intereses de la mayoría de los mexicanos, solicitó a los organismos defensores de los derechos humanos promover una acción de inconstitucionalidad, pues se atenta contra el Artículo 4º Constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Explicó que lo que se pretende aprobar en el pleno de San Lázaro, tiene la intención de privatizar el agua, ya que en el cuerpo del dictamen se viola derecho humano al acceso al agua; al tiempo que se da prioridad a concesiones de agua a particulares, ello en detrimento de la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto del vital líquido a la población.
Una vez más, dijo, las empresas consentidas del Gobierno Federal serán beneficiadas, como es el caso del acueducto Monterrey, donde se ponderan más los intereses del Grupo Higa, que los reclamos de la sociedad organizada que se ha manifestado en contra de dicho proyecto.
Señaló que en los artículo 254 al 261 del dictamen, se obligara a los municipios a actualizar a costo real el agua, es decir, por decreto se incrementara el agua. Abundó que son notorias las violaciones al procedimiento legislativo, no han sido consideradas las iniciativas existentes.
En este sentido, los legisladores anunciaron que tanto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como en la Cámara de Diputados federal promoverán puntos de acuerdo para exhortar a ambos organismos defensores de los derechos humanos intervengan de acuerdo a sus facultades y den marcha atrás a dicha legislación que atenta contra la mayoría de los mexicanos.
Por su parte la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que en caso de que el PRIAN y sus aliados del PVEM y Panal perpetren una canallada más contra los mexicanos, agotarán las vías legales en la defensa del derecho humano al agua, por lo que la controversia constitucional es uno de los caminos, ya que la Suprema Corte de la Nación ya ha resuelto en la materia.
En el caso del Distrito Federal, advirtió, las tarifas podrían elevarse hasta en un 300 por ciento, toda vez que CONAGUA establecerá lineamientos para que las autoridades locales cobren el agua a costo real; de lo contrario, no recibirán recursos federales en materia de agua. Esto significa el secuestro de las tarifas y el chantaje y sometimiento de los gobiernos locales.
Agregó que el agua es un derecho humano garantizado en el artículo Cuarto Constitucional, pero es ignorado en la propuesta peñista, al desaparecer la media internacional de entre 50 y 100 litros diarios para consumo humano y sustituirlo por una redacción tramposa que no establece una cantidad mínima y da pie a muchos atropellos, en particular con la población de escasos recursos económicos que no podrá pagar ni el consumo mínimo.
En tanto, el diputado Gabriel Godínez Jiménez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), declaró que de aprobarse por el Congreso dicha ley, condenaría a millones de personas a sobrevivir con una dotación del mínimo vital de agua, y no por la cantidad mínima de 50 a 100 litros diarios por persona que establece el Artículo 4° Constitucional por lo que debe no debe permitirse la aprobación de esta ley anticonstitucional y antidemocrática.
Señaló que debe analizarse a fondo el tema de la privatización del agua porque pese a que sea aprobada por la aplanadora PRI, PAN PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados, existe el recurso de inconstitucionalidad para defender el derecho humano al agua.
Explicó que con el 33 por ciento de los diputados de la ALDF se promovería una controversia constitucional de aprobarse por el Congreso de la Unión la ley en comento.
Esta Ley, dijo, afectará en gran medida la economía de millones de familias capitalinas al incrementarse los montos en los recibos de cobros bimestrales del agua, además de agravar en todos los sentidos la problemática hídrica en la ciudad de México.
En ese sentido dijo que el Estado se está alejando de su responsabilidad de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del recurso hídrico para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible., aspecto que no se reconoce en el dictamen de ley que fue aprobado en comisiones la semana pasada.
Aseveró que no debe aprobarse el dictamen de la Ley General de Aguas por afectar severamente el interés general, de manera particular y explicó que el Distrito Federal tiene problemas de abastecimiento por la sobreexplotación de acuíferos. Tenemos, dijo, 61 colonias a las que se les condona el pago del servicio de agua por no recibirlo de manera suficiente y 260 colonias de alrededor de 11 delegaciones que reciben el servicio a través de tandeo, con una nueva Ley nacional como la que hoy se presenta por parte del PRI.
A su vez, el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho sostuvo que el rechaza la Ley General de Aguas, porque bajo ninguna circunstancia se debe aceptar que la prestación del servicio del vital líquido esté sujeta a esquemas mercantiles o a las leyes de la oferta o la demanda.
Exhortó a PRI, PAN, PVEM y el Panal, para que se sumen a la petición de moción suspensiva que se presentará en tribuna a través de la diputada federal, Aleida Alavez, para que este dictamen se regrese a las comisiones correspondientes por el carácter lesivo que ponen en riesgo la seguridad nacional.
“El agua no puede recibir este trato, porque es un derecho humano, es un bien preciado, el agua es de suma importancia, de alto interés para las y los mexicanos, razón por la cual requiere de un amplio debate, incluso de una consulta popular.”, indicó
