DIPUTADOS RECONOCEN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
22 de Noviembre de 2010
Diputados de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reconocieron la insuficiencia del presupuesto asignado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en tanto su titular, José Armida Reyes, apeló para que en 2011 le otorguen los recursos necesarios para operar debidamente, ya que en el actual ejercicio enfrentó serios problemas hasta para pagar la renta del edificio que ocupan.
Durante las mesas de trabajo para la construcción del presupuesto del próximo año, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasto Ensástiga Santiago, observó el rezago en proyectos derivados de la nueva Ley Orgánica del Tribunal.
Respecto del déficit presupuestal de casi 3 millones de pesos para el pago de laudos, preguntó a cuánto ascendieron las ampliaciones líquidas y cómo se ejercieron. Reconoció el desfase entre su techo presupuestal de 292 millones y medio de pesos y sus requerimientos básicos superiores a los 310, lo que los pone en problemas para pagar el alquiler del edificio.
De tal manera que, para una operación óptima, reconoció que requerirían poco más de 474 millones de pesos.
Por su parte, David Razú Aznar preguntó si se cumplieron las metas programadas. Tras aceptar que para operar el próximo año requerirá más presupuesto, dijo que es importante saber si existen espacios en el tribunal donde sea posible hacer más eficientes algunas actividades, con menos presupuesto.
La diputada Maricela Contreras Julián le pidió profundizar sobre los avances en los costos de un proyecto de digitalización; cuánto, si es el caso, se destina a la renta de inmuebles y si ya tienen previsto cuánto costaría adquirir un edificio. Preguntó por qué no realizan convenios con universidades para servicio social y prácticas profesionales y si la institución tiene algunos ingresos por autogenerados.
En su respuesta a Ensástiga Santiago, Armida Reyes reconoció que en materia de sentencias tienen rezagos, aunque es mínimo en juicios de primera instancia, porque se tienen pocos expedientes. Señaló que en lo relativo a austeridad y gasto eficiente no cuenta con respuesta porque no han tenido licitaciones. Aceptó que el tribunal no tiene medios para hacer cumplir sentencias, ya que se tienen problemas con PGJDF, las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas porque estos organismos no cumplen argumentando la falta de recursos, y es un tema que se resuelve en tribunales federales.
Al diputado Razú Aznar le dijo que no se llegó a la meta en el número de juicios previstos en el Programa Operativo Anual. En materia de apelación, amparos y revisiones de Contencioso Administrativo rebasaron las cifras. Reconoció que se carece de un estudio de mercado para digitalización de archivos, aunque hay un avance en captura de datos, lo que permite dar respuesta rápida en materia de transparencia.
En respuesta a Maricela Contreras, el funcionario señaló que la institución es pionera en materia de archivos, pero falta un programa definido para su digitalización. Señaló que actualmente se destina 8 por ciento para renta de edificios y existe la necesidad de adquirir el lugar por medio de un PPS para no contratar deuda pública. Dejó claro que se tiene un programa de becas y un convenio con la UNAM, pero se abrió a todas las instituciones de educación superior sin importar su procedencia. En cuanto a los autogenerador, aseguró que no se tienen ingresos por este concepto “porque ni las copias se cobran”.
En su exposición, el magistrado presidente José Raúl Armida Reyes, señaló que para cumplir con la nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se necesitan más de 476 millones de pesos para la creación de nuevas áreas, y así poder hacer frente a los juicios en contra del tribunal, mejorar las oficinas de información pública, capacitar al personal, digitalizar expedientes o cumplir con el programa de estadística judicial. Aunque como requerimientos básicos son necesarios más de 317 millones de pesos, porque el año anterior sólo les aprobaron 281 millones.
Expuso que con la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal se creó una Junta de Gobierno que requiere cuatro cargos de dirección o confianza, porque funciona con personal de base. Argumentó que esta junta a la fecha ha resuelto temas relacionados con presupuesto, servicio civil de carrera y su estatuto, elaboración del reglamento interior o atender el Programa Derechos Humanos del Distrito Federal.
Para cumplir con este último programa, se necesitan, por ejemplo, la construcción de rampas o tener sillas para personas con capacidades diferentes.
Dijo que al Tribunal le falta presupuesto para la capacitación, la transparencia, mejorar el sistema de atención en servicios de la defensoría, depuración de más de 30 mil expedientes, la urgencia de más espacios, tener otro secretario de acuerdos y garantizar el acceso de información particularmente para las personas más vulnerables.
Expresó que la meta para 2011 es cumplir con las obligaciones de los nuevos ordenamientos legales, tanto locales como federales, entre los que destacó la digitalización de documentos, la firma electrónica y la contabilidad; pero también se necesita cumplir con las metas de asesoría, modernización informática, recursos de apelación y notificación de trámites, además de tener una contraloría interna.
