Diputados y funcionarios coinciden, PGDU debe ser incluyente para pueblos y barrios originarios
23 de Junio de 2017
- Se llevó a cabo una mesa de trabajo impulsada por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, encabezada por la Margarita Martínez Fisher.
- El programa debe contar con un catálogo que especifique quiénes forman parte de estos grupos: José Alfonso Suárez del Real (Morena)
Para garantizar que las demandas de los pueblos y barrios originarios relacionados con la división territorial de los lugares que habitan estén contenidas en el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se llevó a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de dar seguimiento al tema.
La mesa que llevó como nombre “Cumplimiento del Punto de Acuerdo sobre la discusión técnica relativa a pueblos y barrios originarios”, fue presidida por los presidentes de las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de la ALDF, Margarita Martínez Fisher y Antonio Xavier López Adame, respectivamente, y reunió a funcionarios locales y representantes de los grupos mencionados.
Martínez Fisher, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer que la propuesta fue impulsada en la Asamblea por la bancada de Morena; por lo que el encuentro tiene como finalidad enriquecer el procedimiento legislativo que conlleva la discusión y aprobación del PGDU, que las consultas realizadas a los pueblos y barrios abonen a la publicación de una normativa incluyente y de beneficio a todos los ciudadanos por igual.
El legislador José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de Morena, se pronunció por dotar a la capital de una normativa que contenga un catálogo que especifique quiénes forman parte de estos grupos, la creación de una ley reglamentaria de los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Carta Magna local que establece la composición de una ciudad pluricultural y que se atiendan los convenios internacionales signados por México para garantizar su participación en mecanismos de democracia directiva, participativa y representativa.
En su turno, Antonio Xavier López Adame, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió a Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que en lo relacionado con la división territorial de los polígonos en los que habitan los grupos, se considere la posibilidad de establecer políticas públicas distintas al resto de las que serán impulsadas en la capital.
Por su parte, Felipe de Jesús Gutiérrez (Seduvi) expuso que las discusiones mandatadas por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la elaboración del PGDU, se realizaron para construir un proceso metodológico que permita conocer mejor el origen y evolución de la ciudad, porque hay personas asentadas en zonas prehispánicas y en suelo de conservación. Por ello, las estrategias relacionadas con el desarrollo de la urbe deben contener la localización de áreas de valor histórico sin afectar el derecho de vivienda de los ciudadanos.
Luis Rodolfo Zamorano Ruiz, director general del Desarrollo Urbano de la Seduvi, expuso que los 267 polígonos considerados como pueblos y barrios originarios están incluidos en el PGDU como áreas con potencial de mejoramiento y que la prioridad en estos lugares es el respeto a los usos y costumbres de quienes los habitan.
Al tomar la palabra Georgina Saraí Morales de Reygadas, directora de Ordenamiento Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), explicó que en la elaboración del programa se tomaron en cuenta las características ambientales y económicas de los polígonos considerados como parte del suelo de conservación o histórico, así como el oficio que ejercen sus habitantes.
Al respecto, Rolando Ávila Cedillo, jefe de la Unidad Departamental de Ordenamiento Ecológico del Territorio de la Sedema, informó que en el PGDU se utilizó el término “borde activo” (ya implementado en otros países de América Latina) para hacer alusión a una limitación socio-espacial entre las actividades agrícolas y el crecimiento de los marcos urbanos. Esto permite reconocer la importancia que las comunidades que tienen en su entorno y cómo pueden coadyuvar a la protección de la tierra y al cumplimiento del programa.
Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, pidió a los presentes que la Ciudad de México cuente con un consejo que agrupe a estos sectores porque servirá como puente con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, solicitó que en el programa esté garantizado su derecho colectivo a la tenencia y al usufructo de su tierra ancestral.