DIPUTADOS Y GOBIERNO SE PRONUNCIAN POR EL FORTALECIMIENTO DE LEYES QUE CASTIGUEN DELITOS AMBIENTALES
29 de Octubre de 2009
Boletín # 115
Al resaltar la necesidad de trabajar en coordinación con las autoridades ambientales para generar recomendaciones y emitir leyes en la materia, el presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de la Asamblea Legislativa, José Alberto Couttolenc Güemez, inauguró el Foro Estado Actual de la Justicia Penal Ambiental en el Distrito Federal.
Ante la presencia del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa, el legislador se refirió a la importancia de mantener una interrelación en asuntos ambientales con la Procuraduría capitalina y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), y elaborar iniciativas para dotar de más facultades a esta última institución.
Explicó que el objetivo de este encuentro entre legisladores, autoridades ambientales y estudiosos en la materia es ser más eficientes y no duplicar tareas, cambiar sistemas antiguos y mejorar el que se tiene.
En tanto, el diputado panista, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, expresó que aún falta mucho por aprender y avanzar en el tema del medio ambiente, por lo que se comprometió a impulsar iniciativas de ley orientadas a dotar de mayor capacidad jurídica a la PAOT. Dijo que si algún funcionario, del partido o gobierno que sea obstaculiza el desarrollo de convenios entre las instituciones, la ALDF no vacilará en señalarlo y pedir que se cumpla la norma. “No es con oficios ni llamadas como se resolverá la invasión de suelo de conservación o la contaminación ambiental”, aseguró.
En su intervención, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que esta dependencia ha puesto especial atención al medio ambiente, pero señaló que la sociedad debe voltear la mirada a este tipo de delitos del que ya se ocupa el Código Penal. Señaló que en 2008 se creó la Fiscalía de Delitos Ambientales que ya cuenta con un fiscal, ministerios públicos y un cuerpo capacitado en lo ministerial, policial y área informática; además se cuenta con un perito en impacto ambiental, indispensable para integrar averiguaciones previas, y pronto se contará con otros tres.
Informó que a la fecha han tienen en trámite casi 400 averiguaciones previas y en lo que va del año ya se han iniciado más de 300 denuncias en materia ambiental, sin contar las que se presentan en las delegaciones políticas.
Por su parte, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Genaro Vásquez Rodríguez, habló de la reestructuración de su dependencia y la formalidad de la Fiscalía de Delitos Ambientales, que ha tenido otras atribuciones como la de averiguaciones previas relacionadas con la protección urbana, tales como la invasión de predios rústicos urbanos, explosiones en el subsuelo del cableado eléctrico, inundaciones, boquetes derivados de obras públicas o privadas, y otros que impactan el entorno urbano como la contaminación auditiva causada por los comercios en el Centro Histórico.
En su exposición, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Diana Ponce Nava, dijo que México lleva ya 20 años trabajando en el desarrollo de instrumentos legales para la protección ambiental y el cumplimiento de la ley es el último de los temas que ha entrado realmente a la agenda política, a tener recursos financieros y humanos para asegurar que las leyes se cumplan. Explicó que a pesar que el Distrito Federal tiene las leyes más avanzadas, aún falta mucho por hacer, porque desafortunadamente el derecho administrativo está orientado a la protección de los derechos individuales, por lo que el medio ambiente y el entorno urbano es un bien difuso y colectivo difícil de medir. Admitió que los delitos ambientales como están contenidos en el actual Código Penal están muy acotados.
En tanto, Carmen García y García, de la Profepa en la ZMVM, dijo que existen pocos recursos humanos, pero confió en que con acciones contundentes por medio de convenios con la PAOT, se podrán realizar medidas conjuntas, con el objetivo de detener los delitos federales ambientales.
Por su parte, el fiscal especializado en Delitos Ambientales y Protección Urbana de la PGJDF, Samuel Ibarra Vargas, resaltó que entre las problemáticas ambientales del Distrito Federal cada día se pierde una hectárea de suelo de conservación por deforestación, por asentamientos irregulares o talas. Asimismo indicó que las penalidades en los delitos ambientales son inequitativas, porque el castigo por tala urbana es más severo que por los que se comenten en las áreas naturales protegidas.
En el foro participaron también Angélica Flores, de la Procuraduría Ambiental y Reordenamiento Territorial del DF; el subdelegado de Protección Ambiental, Arturo García Gil y el consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Israel Alvarado Martínez, entre otros.
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