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EMPRENDERÁN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONSULTA SOBRE REFORMA POLÍTICA EN EL DF



06 de Agosto de 2013

Boletín # 476

El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias, señaló en la delegación Venustiano Carranza, que una vez terminada la ruta informativa de los foros sobre la reforma política, se emprenderá una amplia campaña de difusión y una consulta sobre el tema en el Distrito Federal.

Al llevarse a cabo el décimo cuarto foro, el diputado expuso que ya “no habrá excusa de que un partido no participe o no venga”, por ello aseguró que quienes decidirán el futuro de la ciudad no son los partidos políticos ni sus representantes, sino todas y todos los capitalinos, de ahí la importancia de otorgar la mayoría de edad al Distrito Federal, a fin de tener una mejoría en el desarrollo económico, social y cultural de la capital.

Granados Covarrubias destacó la importancia de la participación política y ciudadana a fin de lograr que se trate a los capitalinos de igual forma que a los habitantes de las demás entidades federativas y no se les limite en el desarrollo de sus libertades.

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política en la Asamblea Legislativa, Agustín Torres Pérez, señaló que la reforma política implica toda una revolución jurídica y política en la capital. Expresó que ésta es una deuda pendiente de la Nación con el Distrito Federal. Y es necesario que se solucione el problema de los capitalinos para que tengan reconocidos sus derechos políticos plenos.

Expresó que aunque hay avances, aún falta que ocurra que los ciudadanos tengan una reforma donde se de mayores facultades a los gobiernos delegacionales, además de avanzar en el nombramiento y control de sus jefes policíacos y procurador.

Por su parte, el diputado perredista Alejandro Piña Medina mencionó la importancia de dar autonomía a las delegaciones y la dificultad de gobernarlas con facultades y recursos mínimos, por lo que planteó transformar las relaciones entre las delegaciones y el gobierno central. Expuso cuatro ejes básicos para administrar un territorio: autonomía de gestión presupuestal de las delegaciones para cumplir sus propias metas y objetivos; mayor coordinación interinstitucional para evitar duplicidades y priorizar las acciones y programas requeridos. Un consejo de delegados encargado de conocer y opinar acerca de políticas territoriales y administrativas y crear una comisión encargada de analizar los diagnósticos de necesidades a fin de priorizar y autorizar el presupuesto para su ejecución.

El diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz señaló que después de muchos conatos de reforma política, ahora la Ciudad de México debe buscar su reforma no sólo para tener más dinero sino para buscar más facultades, para lo cual se necesita tener una concepción unificada de reforma política y empujar hacia el mismo lado y buscar el mismo fin, lo cual será una realidad cuando se mejore la democracia y las condiciones de la gente.

En su oportunidad, el diputado de Movimiento Ciudadano, Oscar Moguel Ballado comentó que con la reforma política, la Ciudad de México tendrá alcaldes en lugar de jefes delegacionales; gobernador en lugar de jefe de gobierno, por ello dijo que se debe exigir al Congreso de la Unión la reforma constitucional y realizar una consulta para definir la forma de gobierno que se requiere.

El legislador panista César Daniel González comentó que se han recorrido 14 delegaciones para conocer el sentir de los ciudadanos y en un ejercicio de síntesis mencionó que los habitantes quieren menos violencia y más fuentes de trabajo; mejor calidad en la educación y salud; igualdad para todos los ciudadanos; mayores inversiones y mejores políticas públicas.

En su oportunidad la legisladora Esthela Damián señaló que la Reforma Política en el Distrito Federal, no es un tema ajeno a los ciudadanos y que a pesar de no ser parte del pacto inicial que dio origen a la Federación, se tienen derechos distintos. Al referirse al concepto de capitalidad, expuso que ser sede de los poderes de la Unión implica un costo por 12 mil millones de pesos anuales; por otra parte el DF contribuye con más del 20 por ciento del PIB, siendo la entidad con la mayor cantidad de ingresos propios y con la menor dependencia de las participaciones federales, por lo que propuso un Fondo de la Capitalidad, para resarcir estos recursos.

La diputada Lucila Estela Hernández, planteó que la reforma política es una necesidad y un derecho impostergable, la Ciudad de México debe regirse por una Constitución local propia y erigirse como el estado 32 de la Federación, para tener acceso a los fondos federales, los cuales implican mayores recursos para salud, educación, servicios públicos, infraestructura urbana y equipamiento. Señaló que es necesario que el presupuesto participativo sea elevado a rango Constitucional y que no sea menor al 10 por ciento, que sea vinculante con los recursos de la Ciudad, en el marco de la Ley de Participación Ciudadana.

Por su parte, la diputada Bertha Alicia Cardona hizo un llamado a los capitalinos a sumar esfuerzos para alcanzar una plena autonomía ante los poderes federales y gozar de atribuciones acordes a las entidades federativas. Mencionó que se tiene en claro dos objetivos con la reforma política: consolidar el marco constitucional de la capital de la República, y lograr la plena autonomía de la Ciudad de México.

“Es la gran oportunidad de una reforma integral para el Distrito Federal”, señaló el jefe delegacional en Venustiano Carranza, José M. Ballesteros López, donde los beneficiarios sean los ciudadanos, que tengan instituciones claras y con mayor autonomía. Expresó que se debe ir más allá de revisar las facultades de las delegaciones y la figura del ayuntamiento, porque se corre el riesgo de que en un municipio el contralor es el amigo del presidente municipal.

El comisionado para la Reforma Política en la Ciudad de México, Alejandro Rojas Díaz Durán, insistió en la falta de definición jurídica del Distrito Federal en la Constitución y que se incluya en el pacto federal, para lo cual se necesita tener su propio gobernador y legisladores, con las mismas facultades de las demás que los estados.




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