Empresarios y vecinos denuncian abuso de la fuerza en operativos de Mancera
18 de Agosto de 2017
- Solicitan una audiencia con el Jefe de Gobierno, demandan el levantamiento de la suspensión, interpondrán un amparo colectivo, pedirán la ayuda de la CDHDF y exigirán la revocación del Operativo Ciclón por violación a los derechos Humanos
- En el operativo participaron más de 500 policías quienes carecían de una orden de cateo y ya llevaban elaborada la orden de suspensión
- Con la clausura de seis bares se perdieron 106 empleos directos y más de 400 indirectos
Empresarios, vecinos y el diputado de morena José Alfonso Suárez del Real y Aguilera denunciaron el empleo de fuerza excesiva por parte de Miguel Ángel Mancera en operativos realizados a bares del Centro Histórico.
En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que en el operativo que se llevó a cabo la noche de ayer en el Callejón del 57, participaron más de 500 elementos de la policía, además del acompañamiento del INVEA, la Procuraduría, la Secretaría del Medio Ambiente, de Protección Civil y la Unidad de Inteligencia Financiera, “tal como si fueran a atrapar a un delincuente”.
Estos actos de autoritarismo señaló Suárez del Real, violaron los derechos y las garantías de los verificados. El diputado sostuvo que el operativo no tuvo, en ningún momento, el objeto de verificar, sino de cerrar los seis establecimientos que forman parte del Código de Convivencia Barrial recientemente firmado; pues, a decir de los afectados, las autoridades ya llevaban elaboradas las órdenes de clausura.
El legislador reprobó la clausura de los bares cuando en la propia Constitución local y federal existen mecanismos de conciliación para resolver las diferencias. El cierre de los establecimientos, aseguró el diputado, no abona más que a la pérdida de empleos de los dueños y vecinos.
Suárez del Real criticó, asimismo, la entrada con armas largas de los elementos policiacos a los bares, así como la ausencia de una obra de cateo para poder ingresar al lugar.
Ante tales atropellos contra los dueños y empleados, el legislador de morena solicitó una audiencia con el jefe de Gobierno en la que reciba a los afectados y a los vecinos que fueron testigos. No aceptaremos, dijo, ni a Patricia Mercado ni a ningún otro funcionario, queremos a Miguel Ángel Mancera.
Agregó, además, que demandarán el levantamiento de la suspensión, interpondrán un amparo colectivo, pedirán la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos local y exigirán la revocación del Operativo Ciclón por violación a los derechos Humanos.
Al respecto, Rodrigo del establecimiento La Excelencia sostuvo que el INVEA les aseguró que sólo iban a verificar, sin embargo, minutos más tarde ingresaron los policías con armas largas y sin orden de cateo, amedrentaron a los empleados y no aceptaron ningún documento por considerarlos ilegales.
Emanuel, vecino del Callejón del 57 y testigo de las actuaciones policiacas, aseguró que presenció un operativo violento que sin duda intimidó y criminalizó la zona. Lamentó que el gobierno de la Ciudad carezca de capacidad para dialogar y para generar conciliación.
Parece más, dijo, una respuesta a un ejercicio cívico y ciudadano, en el que la gente del Callejón se organizó para generar una convivencia armónica y estar atentos ante cualquier tipo de corrupción.
Por su parte, Mari, vecina y dueña de un establecimiento en República de Cuba señaló al gobierno de la Ciudad como el responsable de la pérdida de empleos en su lugar de trabajo.
Además, sostuvo que el cierre de su establecimiento causó que se violara también el derecho a la salud de su hijo que presenta autismo, y quien entre medicamentos y alimentos requiere de por lo menos 30 mil pesos mensuales, cantidad que se le hace imposible obtener con el cierre de su negocio. Ante esta situación, el diputado Suárez del Real adelantó que llevará el caso ante la CDHDF.
Salvador, del bar El Viena denunció el saqueo de su negocio, pues las autoridades le confiscaron 107 botellas de procedencia extranjera aún cuando él mostró las facturas correspondientes. Salvador aseguró que no le entregaron ningún documento en el que se precisara la salida de ese material, incluso, en el informe se especifica que durante el operativo no hubo personas detenidas ni decomisos.
Los empresarios informaron que entre los seis establecimientos clausurados se perdieron 106 empleos directos y casi 400 indirectos.
Al concluir, el diputado Suárez del Real y Aguilera informó que todas esas actividades se llevaron a cabo bajo el cobijo del gobierno central púes la delegación no fue notificada.
