ENCABEZA DIP. DR. RODOLFO ONDARZA, CONSTITUCIÓN DE LA RED DE LEGISLADORES, EX LEGISLADORES Y SECTORES CON VISIÓN SOCIAL POR LA SALUD A.C.
30 de Julio de 2015
A partir del interés y compromiso de diversos actores en garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, el día de hoy se da paso a la creación de la Red de Legisladores, Ex Legisladores y Sectores con Visión Social por la Salud, A. C. la cual surge con el fin de colaborar y contribuir en la generación de estrategias, procedimientos y acuerdos integrales con visión social, necesarios en la elaboración e implementación de políticas públicas en materia de salud en beneficio del pueblo mexicano y de la humanidad en general.
Lo anterior, representa conjuntar a los sectores legislativo y social para encontrar soluciones a la problemática en materia de salud que enfrenta la sociedad mexicana, a través de generar acuerdos de trascendencia en favor de la población.
Para ello, centrará su trabajo en la atención de temas como la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, los nuevos derechos humanos en salud, el invierno poblacional, las adicciones, las tecnologías de reproducción humana asistida, el financiamiento de los servicios de salud en México y la portabilidad universal, el análisis costo/beneficio de la dotación de medicamentos de calidad, la medicina del trabajo, la coordinación entre el sistema nacional de salud y los sectores privado y social, la medicina privada, la concesión de servicios de salud y el papel de las aseguradoras médicas así como la revisión de los temas legislativos pendientes y su homogeneización en el país y finalmente el derecho a la salud en México, su correlación con los convenios y tratados internacionales.
Lo anterior, toda vez que en los tiempos actuales las tareas legislativas se han vuelto más complicadas y especializadas, lo que conlleva nuevos compromisos y responsabilidades, así como profundidad en el análisis y en las investigaciones. Una de las necesidades sin duda, será retomar las experiencias exitosas en otros países, así como el intercambio permanente de experiencias y de resultados obtenidos en distintas iniciativas aplicadas y las condiciones concretas en que han dado resultado.
El sector salud es una problemática compleja que requiere un análisis a profundidad y un amplio debate sobre las medidas tomadas donde cualquier iniciativa propuesta tiene que ser debidamente sopesada ya que repercute directamente sobre el conjunto de la población, por ello la organización entre legisladores otros sectores de la sociedad que inciden en el tema, era urgente.
Lo anterior, toda vez que México se encuentra actualmente en una encrucijada donde, después de tres décadas de estancamiento económico con un crecimiento promedio del 2% -muy por debajo del 6% para crear el millón de empleos anuales que necesita el país-, las problemáticas sectoriales tienden a agravarse.
Las políticas restrictivas del gasto público diseñadas a principios de los 80´s del siglo pasado para superar el problema económico de entonces, afectaron profundamente toda la política social y de manera particular al sector salud, el cual se ha deteriorado de manera permanente y progresiva.
El sistema de salud mexicano, cuestionado desde tiempo atrás por su segmentación, la cual no le permite una atención integral al 100% de la población con estándares adecuados de eficiencia y calidad, experimentó durante dicho lapso un proceso de descentralización que lejos de resolver el problema lo complicó aún más.
La renovación de los poderes federales en 2012, ha traído consigo nuevas acciones del Ejecutivo para dinamizar la economía a través de un pacto concertado entre los principales partidos lo cual ha derivado en distintas iniciativas en materia política, energética y de telecomunicaciones denominadas reformas estructurales y de manera particular, un compromiso para la portabilidad universal en salud. Hasta ahora, al tiempo de acentuarse la pobreza y la inequidad, además de la incertidumbre económica, el impacto de las reformas pese a la propaganda vertida sigue sin advertirse.
Bajo este contexto, en julio de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que este sexenio serían destinados más de diez mil millones de pesos para cumplir con 26 compromisos en materia de salud, que incluya un seguro universal para todo el país. (www.cronica.com.mx).
“Vamos a presentar en las próximas semanas esta iniciativa que acompaña o que permita la creación de un Sistema de Seguridad Social Universal, para garantizar a todos los mexicanos condiciones mínimas de bienestar que tiene que ver con la atención a la salud, un seguro de desempleo y una pensión para el retiro como elementos fundamentales de este sistema de seguridad social universal”.
Según la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud funciona adecuadamente si al responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población cumple los siguientes objetivos (WHO 2010): mejorar la salud de la población; reducir las inequidades en salud; proveer acceso efectivo con calidad y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
En México hay serias dificultades para cumplir estos objetivos. Aun cuando en estos años ha habido avances importantes, comparativamente con otros países de la OCDE ocupamos por lo regular las últimas posiciones, tal y como lo indican las estadísticas. Entre otras, el Sistema Nacional de Salud ha privilegiado la atención médica sobre la promoción de la salud y prevención de enfermedades lo cual se está traduciendo en un incremento de la mortalidad en padecimientos como la diabetes y el problema de la obesidad, donde ocupamos los primeros lugares mundiales.
A pesar de que han fluido nuevas disposiciones presupuestales en los últimos años para fortalecer el Seguro Popular, la realidad es que en materia de gasto en salud, México con un 6.2% del PIB, ocupa el antepenúltimo lugar en la OCDE cuyo promedio es de 9.3% del PIB. La diferencia se hace más patente en la disposición per cápita: el penúltimo lugar con 977 dólares contra 3, 339 dólares que es el promedio de la OCDE, según datos de 2011.
En “Comentarios a 15 años de políticas de desarrollo social, balance y propuestas para su fortalecimiento” coordinados por el Dr. Manuel Canto Chac y la Dra. Arcelia Martínez Bordon del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, señalan que el IMSS destina un gasto per cápita de 4, 821 pesos y atiende 12, 487 diagnósticos en tanto el Seguro popular destina 3, 672 pesos y atiende 1, 600 diagnósticos.
Cobertura universal limitada, al deterioro o de baja calidad, es al parecer la propuesta sexenal, pues hasta ahora no se refleja en un notorio incremento al presupuesto del sector ni en mecanismos para frenar la corrupción en el ejercicio de gasto.
El mejoramiento de los sistemas de salud se apoyan de manera determinante en los recursos públicos, lo cual no ocurre en México, pues la composición de gasto público asciende sólo a un 47.3%, sólo por encima de Chile, en tanto el promedio en la OCDE es de un 72.2%. El gobierno federal estimó en 3.1% del PIB el gasto público de 2012.
El Banco Mundial reporta para 2012 que México invirtió en salud 6.2%, ello quiere decir, que la diferencia es medicina privada, la cual tiene una cobertura mínima y genera uno de los gastos de bolsillo más altos de la región. Ello infiere que el impacto del seguro popular para disminuirlo ha sido mínimo. Se estima que más de tres millones de hogares tienen gastos catastróficos y/o empobrecedores por motivos de salud otros lo acercan a 30 millones de mexicanos.
De las cifras se infiere fácilmente que la cobertura alcanzada por el Seguro Popular es una cobertura fantasma con múltiples deficiencias e irregularidades como la inexistencia de mayor infraestructura hospitalaria.
Otro punto importante se da a partir de la administración de los servicios donde se han detectado fugas presupuestales vía la subrogación de servicios, que frecuentemente no responden a la calidad y eficiencia esperados y con frecuencia se detectan anomalías, como el uso de recursos e instalaciones públicas para cubrir tales fines.
De manera explícita, bajo la pretensión de darle carácter universal al Seguro Popular uno de los propósitos a dirimir en la LXII legislatura (2015-2018) es reformar el artículo 4° constitucional para introducir la figura de aseguradoras privadas.
Una opción de esta índole acentuaría la inequidad sin posibilidad real de otorgar mejores servicios, pues ni siquiera se tiene un control institucional completo de los más de 3 mil hospitales privados del país.
Antes de cualquier iniciativa fast track privatizadora para supuestamente alcanzar la universalidad, es medular un debate a fondo sobre las políticas públicas más adecuadas en materia de salud, a riesgo de precipitar una tragedia sanitaria, al desmantelarse las instituciones actuales.
Por lo anterior, y con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones, aquellos a quienes se les ha conferido una representación popular o pública o tienen un interés genuino de investigar en la materia, a través de la creación de la Red de Legisladores, Ex Legisladores y Sectores con Visión Social por la Salud, A. C., ponen al servicio de la población su experiencia y compromiso para aportar iniciativas para que todo aquello que redunde en que el derecho a la salud, plasmado en el artículo 4° Constitucional sea una realidad para todos los mexicanos.
