Erradicar corrupción; clave para atender demanda de vivienda de más de 200 mil familias capitalinas: Ángeles Valencia
08 de Junio de 2016
· La industria de la construcción de vivienda de interés social y popular utilizó la Norma 26 para lucrar de manera ilegal
· Necesario impulsar nuevas políticas públicas para evitar que más de un millón de capitalinos emigren hacia la periferia
En el Distrito Federal es posible atender la demanda de más de 200 mil familias en espera de una vivienda a costos accesibles como los que ofrece el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), que van de 170 a 256 mil pesos, expresó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
La legisladora demandó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, impulsar políticas públicas necesarias para combatir la corrupción que prevalece en las constructoras de vivienda de interés social y popular.
“Se deben impulsar mejores políticas públicas a favor de la vivienda en la ciudad de México y evitar que más de un millón de personas emigren hacia la periferia anualmente”, expresó la diputada de Morena.
Destacó que ante la incapacidad del INVI para cubrir la demanda de vivienda porque sólo aporta 66 mil viviendas,los desarrolladores que construyen 26 mil al año, las venden a costos onerosos aprovechando la necesidad de los capitalinos por adquirir una casa.
Argumentó que los desarrolladores se beneficiaron de la Norma 26,debido a que construyeron a bajos costos y ofertaron una vivienda de 46 metros cuadrados en un rango de 760 mil a un millón 200 mil pesos, dependiendo la zona, acabados, cajones de estacionamiento y calidad de accesorios en baños y cocinas.
Explicó que unos cuantos desarrolladores dominan el mercado y controlan las normas de construcción, de ahí que éstos fijen dimensiones, acabados, niveles y número de viviendas en una pequeña extensión de terreno y sin duda alguna, proceden bajo el diseño de oligopolios.
Explicó que las prerrogativas otorgadas a estos empresarios generan encarecimiento y escasez de vivienda en la Ciudad de México, en ese sentido, exigió al gobierno capitalino quitarles las canonjías otorgadas por servidores públicos deshonestos.
Argumentó que dado su estatus de inmunidad,los desarrolladores de vivienda ejercen poder de mercado provocando efectos negativos para los consumidores de vivienda entre los que se cuentan: precios más altos, niveles de calidad bajos y migración a lugares lejanos de actividades productivas.
