ESTUDIA ALDF FIGURA DE ARRAIGO EN EL DF
21 de Febrero de 2013
Boletín # 237
• Diputados acordaron analizar en un plazo de 15 esta iniciativa
Los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia acordaron analizar y solucionar, en un plazo de 15 días, la iniciativa para derogar el artículo 270 BIS del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y el artículo 6 de la Ley de Delincuencia Organizada, presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, referente a la figura del arraigo.
El presidente de la comisión, Antonio Padierna Luna, comentó que se buscará privilegiar los derechos humanos sobre todas las cosas, utilizar todas las herramientas y tecnologías para poder establecer un nuevo sistema penal, más justo, más humano.
El diputado se pronunció por que la figura del arraigo desaparezca, indicó que se debe actuar con responsabilidad y congruencia, y no pasar de un sistema a otro. Advirtió que se debe evitar crear escenarios de telenovelas, donde se crean delincuentes.
Padierna Luna recordó que en los últimos 15 años, el gobierno de la ciudad ha trabajado con responsabilidad, por el respeto a las garantías individuales, y pidió al jefe de gobierno que en estos 15 días, si existe la aplicación de arraigo, se respeten y garanticen los derechos de las personas y no se haga público.
La vicepresidenta de este grupo de trabajo Olivia Garza de los Santos, enfatizó que no debe abrirse la puerta a la delincuencia organizada, para no repetir fenómenos sucedidos en Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Guerrero, porque lo que se requiere es una ciudad tranquila. Por ello, exhortó a revisar la figura jurídica del arraigo, ya que los números son muy fríos, porque de 305 órdenes de arraigo se lograron 259 consignaciones, lo cual demuestra que la capital sí funciona.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz señaló que el arraigo es una herramienta violatoria de los derechos humanos y se está abusando de esta figura, y no es posible que la izquierda en la ciudad, donde existen leyes de avanzada, progresistas y de vanguardia, apoye esta figura que es inquisitoria y que viola los derechos. También aseguró que sólo el 3 por ciento de las órdenes de arraigo terminan en sentencia.
En su oportunidad, el legislador perredista Arturo Santana Alfaro mencionó que sería muy aventurado eliminar esta figura cautelar, por lo que propuso realizar “un análisis objetivo y a conciencia”, y no generalizar las violaciones a los derechos humanos.
El también perredista Daniel Ordóñez Hernández, se pronunció a favor se seguir analizando y discutiendo el tema, con responsabilidad, para encontrar una figura jurídica que intente dejar satisfechas a todas las partes, para normar de acuerdo a la realidad.
El legislador Manuel Alejandro Robles Gómez comentó que en la capital del país el arraigo no ha generado un problema, pero sí existe una amenaza en el tema de la delincuencia organizada, por ello aseguró que actuarán con responsabilidad en el análisis y discusión de esta iniciativa.
En su oportunidad, el diputado Gabriel Antonio Godínez afirmó que el arraigo es inconvencional, inconstitucional y va en contra de los convenios internacionales y reforma constitucionales que ha firmado México, porque viola principios como el de la libertad y la legalidad, por ello se pronunció porque esta figura desaparezca.
Los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, Luis Armando González Placencia y Juan de Dios Barbas, respectivamente, coincidieron en la necesidad de utilizar nuevas tecnologías y herramientas, como la implementación del brazalete para dar nuevas certezas jurídicas frente a los jueces y para construir un sistema respetuoso de los derechos humanos.
Por su parte, el consultor general de la CDHDF, Fernando Coronado Franco, comentó que el arraigo desaparecerá, de acuerdo al artículo 6 transitorio de la reforma aprobada 18 de junio de 2008, donde se plantea que no habrá delincuencia organizada. En tanto el primer visitador de este órgano, Mario Patrón, recordó que en el último año sólo al 17 por ciento de la delincuencia organizada se le aplicó esta figura jurídica.
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