Evaluar leyes y fortalecer la coordinación interdisciplinaria, reflexiones de la sociedad
04 de Julio de 2017
- En el foro Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la CDMX, coinciden en la necesidad de crear un mecanismo para revisar y corregir deficiencias
- El sistema es perfectible y la ALDF ofrece el compromiso de consolidarlo e impulsar la colaboración de las autoridades
Al término del foro “Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la CDMX”, especialistas, académicos, autoridades y activistas propusieron diversas reflexiones, entre las que se encuentran evaluar algunas leyes como la Ley Federal de Armas de Fuego y el Código Federal de Procedimientos Penales, además de capacitar a los servidores públicos que se encargan de implementar la justicia.
En el evento realizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propusieron impulsar un sistema coordinado de capacitación interinstitucional, crear un mecanismo de coordinación interdisciplinaria encargado de revisar, atender y corregir las deficiencias en el sistema.
En la lectura de la compilación de reflexiones, el diputado Raúl Flores García indicó que existe el compromiso de llevar a buen puerto la consolidación de este sistema penal e impulsar la colaboración de todas las autoridades, con la finalidad de consolidar a la Ciudad de México como un territorio seguro y de vanguardia en la protección de los derechos humanos y el debido proceso.
“Refrendamos la responsabilidad de contribuir a consolidar de manera progresiva nuestro sistema penal, siempre en la búsqueda de la máxima garantía de acceso a la justicia y respeto y potencialización de los derechos que hemos conquistado todas y todos”, aseguró el diputado Raúl Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Durante la jornada del foro se llevaron a cabo diversas conferencias magistrales, moderadas por diputados de distintas fracciones parlamentarias.
En su participación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Álvaro Augusto Pérez Juárez, subrayó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, del 16 de enero 2015, al mes de junio de 2017, se han judicializado 12 mil 639 carpetas de investigación por parte del Ministerio Público.
Dijo que en el sistema tradicional había decisiones judiciales que podían ser resueltas en forma escrita y las audiencias eran sólo para recibir pruebas. En la actualidad se privilegia el principio de inmediación, para que las partes, en audiencia pública, expongan sus argumentos y sus solicitudes sean resueltas. Se tiene registro de la celebración de 28 mil 925 audiencias.
Además, indicó que la Reforma Constitucional sobre la materia de ejecución penal llegará a costar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 830 millones de pesos.
Por su parte, el titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, Roberto Ochoa Romero, propuso que en la construcción del sistema, primeramente se transite hacia la homologación de la arquitectura (procesos, criterios, normatividad y formas de operación) de las instituciones que a nivel nacional se encargan de la procuración de justicia.
“Si contamos con esa misma base legislativa debiéramos parecernos mucho más las 33 procuradurías y fiscalías del país para darle salida a esos beneficios que promete el nuevo Sistema de Justicia Penal desde la reforma del 2008”, indicó.
Dijo que en un segundo momento se debe proponer una estrategia frente a la consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, esto significa analizar, diseñar e implementar un Código Penal único a nivel nacional.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, resaltó que el principio rector del nuevo Sistema de Justicia Penal es la presunción de inocencia, bajo el cual se entiende que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, previsto, entre otros instrumentos, a nivel internacional en el articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa, y exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal”, recalcó.
Bajo el nuevo panorama del Sistema Jurídico Mexicano, agregó, y con renovados derechos y garantías, los operadores jurídicos deben armonizar su actuación, por lo que se requieren esfuerzos y participación de todos los actores políticos y sociales en todos los niveles.
Por la subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruiz Ortega, indicó que se han registrado notables avances en lo que corresponde al sistema penitenciario. Ejemplificó que en el año 2012 se tenía una población de internos de 41 mil 600 personas.
“En la primera etapa del nuevo Sistema de Justicia Penal, en 2015, se tenía una población de 36 mil 109 internos. En la actualidad, al día 30 del mes inmediato anterior, hay 29 mil 270 internos. Si seguimos a este ritmo en la disminución de la población, tenemos un estimado que para finales de este año habrá 27 mil 274 internos”, dijo.
Mencionó que la disminución de la población en los centros penitenciarios obedece a una serie de estrategias implementadas para que las personas alcancen su libertad. En la Ciudad de México, por lo menos en el Sistema Penitenciario hay una confluencia del sistema anterior. Muchos fueron sentenciados y compurgaron su sentencia.
Jorge Guillermo Apaéz Godoy, de la Dirección General para el Tratamiento de Adolescentes en la Ciudad de México señaló que en el tema de adolescentes, el Sistema Penal Acusatorio no impacta tanto. “Nosotros tenemos dos años practicando los juicios orales y hemos venido participando en un proceso de transición de manera más gradual”.
En tanto, la directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, Paola Zavala Saeb, comentó que cuando las personas tienen un beneficio de preliberacional, los jueces los envían al Instituto para seguir con acciones de capacitación, vinculación al trabajo, atención psicológica, “en cambio las personas que compurgan no necesariamente van, porque es voluntario. Las personas que compurgan pueden elegir nunca acercarse a ninguna autoridad”.
En el foro también participó Diana Cristal González Obregón, consejera Honorífica del Consejo Consultivo del INAI, quien señaló que uno de los propósitos de este sistema es transparentar el funcionamiento de los entes públicos, así como saber qué tan preparados están los jueces y abogados en la capital del país.
Finalmente, Jorge Alberto Lara Rivera, director del Área Jurídica de la fundación “Miguel Estrada Iturbide”, de la Cámara de Diputados, propuso que una manera de eficientar el Sistema Penal Acusatorio sería a través de la digitalización del proceso institucional y el rediseño de la capacitación a los sectores involucrados en la impartición de la justicia.
