EXIGE GPPAN A PGJDF QUE INVESTIGUE CASO NEWS DIVINE
20 de Junio de 2012
Al aseverar que a cuatro años del fallido operativo policÍaco en la discoteca New’s Divine, que cobró la vida de 12 personas, el PRD y diversas autoridades capitalinas sólo han exhibido impunidad y cinismo, pues la justicia sigue “brillando por su ausencia”, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa exigió a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, dictar sentencia a los implicados en esta tragedia.
Los legisladores del PAN, encabezados por su Coordinadora, Mariana Gómez del Campo Gurza, reprobaron que a la fecha sólo una persona esté en prisión en espera de la sentencia correspondiente, mientras que el resto de los responsables enfrenten el proceso en libertad e, inclusive, busquen espacios en la conformación de la próxima administración capitalina, como es el caso del ex Secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega Cuevas, quien actualmente funge como coordinador de campaña del candidato de las izquierdas a la Jefatura de Gobierno.
“La evidencia presentada por el mismo Joel Ortega Cuevas demostró que la muerte de doce personas en la discoteca New’s Divine se debió a errores de operación de la policía, entonces a su cargo. Resultado de ello únicamente fue separado de su cargo, pero recientemente fue premiado con la coordinación de campaña de Miguel Ángel Mancera, a quien ha recomendado utilizar este doloroso tema como una de sus banderas en la búsqueda del voto”, destacaron.
En 2008, recordaron, el Ejecutivo local prometió que los primeros en ser castigados con apego a la ley serían los servidores públicos que ejecutaron el operativo de verificación en el lugar y los funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero, encabezada por Francisco Chíguil Figueroa –relacionado con autores de otros escándalos, como René Bejarano, Martí Batres y el mismo Joel Ortega-, que autorizaron y permitieron el funcionamiento de ese establecimiento mercantil.
“Lo único que vimos fueron destituciones, tanto del encargado del operativo, Guillermo Zayas González, y del hoy coordinador de campaña del candidato Mancera. Posteriormente, la de Francisco Chíguil, quien cínicamente buscó reelegirse al frente de la delegación Gustavo A. Madero”, expusieron.
En el marco del cuarto aniversario de la tragedia en el New’s Divine, los legisladores del GPPAN señalaron que pese a las múltiples recomendaciones e informes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las autoridades capitalinas siguen manteniéndose al margen para ejecutar la ley y hacer justicia a los afectados por la tragedia.
En un informe especial, detallaron, la CDHDF comprobó diversas violaciones a derechos humanos por parte de la SSP-DF, la PGJDF y personal de la delegación Gustavo A. Madero. Entre los altos funcionarios responsables de la tragedia señalaron a Joel Ortega Cuevas; al Subsecretario de la SSP, Luis Rosales Gamboa; al entonces Procurador de Justicia, Rodolfo Félix Cárdenas, y a Francisco Chíguil.
“Pese a los compromisos del todavía Jefe de Gobierno y a que Miguel Ángel Mancera, quien hoy promete que dará seguimiento a este caso, ya tuvo la oportunidad de darle salida a este asunto, al día de hoy no existe un plazo para que sean sentenciadas las 28 personas implicadas y sólo está en prisión el administrador del New´s Divine, Alfredo Maya, quien enfrenta el cargo de corrupción de menores”, señalaron.
Agregaron que, hasta ahora, sólo tres servidores públicos han sido sentenciados por delitos menores que les permiten llevar su condena en libertad: Ángel Nava Rojas, ex subdirector Jurídico de la delegación Gustavo A. Madero, con una pena de cuatro años 11 meses; Francisco Javier Casiano Guerrero, cuatro años, y el agente del Ministerio Público Alejandro Sánchez Duarte, a tres años y seis meses.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAN en la ALDF reiteró su apoyo a las familias afectadas y exigió a las autoridades involucradas no dejar pasar más tiempo, además de exhortarlas a ser congruentes y no entorpecer el ejercicio de la justicia y la aplicación de la ley, con la eventual colocación de algunos de los responsables en puestos clave de la administración pública capitalina.
