EXIGEN MÁS RECURSOS PARA AMPLIAR COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
24 de Agosto de 2014
Ante las movilizaciones de rechazados que se han manifestado en la Ciudad de México en demanda de espacios en la educación media y media superior, diputados perredistas federales y locales demandaron al Gobierno Federal elevar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 que permitan a la instituciones educativas ampliar su cobertura para que más jóvenes puedan estudiar.
Al considerar que el otorgamiento de becas por parte de la SEP para estudiar en escuelas privadas no representa una verdadera solución, los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, se comprometieron a pugnar por más presupuesto a la educación para abrir más planteles en todo el país, así como la preparación del cuerpo docente para elevar la calidad educativa.
Luego de recordar que en la Constitución se establece como límite el año 2022 para cubrir el bachillerato obligatorio, los legisladores advirtieron la necesidad de dar cumplimiento de esta obligación del estado, lo que se logrará destinando más recursos no sólo para elevar la calidad de la educación, sino para ampliar la infraestructura educativa en todo el país, ello permitirá abatir el índice de rechazados por falta de espacios.
Los legisladores dijeron que alrededor del 72 por ciento de los jóvenes mexicanos que terminan bachillerato no tienen posibilidad de acceder a la educación superior. A ello se suma, según datos oficiales, que de los 15 millones de mexicanos en edad de acudir a una universidad, sólo 2.2 millones cursan alguna licenciatura.
Potencialmente, sustentaron, miles de jóvenes que radican en la ciudad de México están expuestos a relacionarse con todo tipo de delitos, actividades ilegales y adicciones, al quedar excluidos, de los sistemas educativos medio y superior, así como del plano laboral.
Ante tal situación se pronunciaron porque la UNAM y el IPN amplíen su cobertura a todo el país, incluyendo los niveles de bachillerato y superior, y hacer de estas casas de estudio verdaderas instancias nacionales y combatir su plan de nación con bajo índice educativo.
Sostuvieron que para abatir el rezago se requiere voluntad política para financiar la educación en nuestro país. Los recursos, explicaron, pueden proceder, por ejemplo, reduciendo el pago de intereses que se hacen al IPAB, mismo que administra una deuda que equivale a 5.17 puntos del PIB, poco más de 824 mil millones de pesos.
Mientras se niegan recursos para expandir la educación universitaria, el IPAB sigue recibiendo transferencias fiscales y para 2014 serán poco más de 9 mil millones de pesos, de los cuales 75 por ciento se irá al pago de intereses que sólo benefician a un reducido grupo de banqueros rapaces, expresaron.
Lamentaron que pese a ser el principal motor del país, los jóvenes estén sumergidos en el desempleo y limitados en su acceso a educación media y superior, lo que los expone a ser atraídos por la delincuencia organizada, tal como lo demuestran las cifras.
Informaron que en el país hay más de 37 millones de jóvenes, de los cuales más del 53 por ciento, entre los 14 y 29 años de edad, están desempleados. Ello empuja a este sector a cometer ilícitos, de tal manera que alrededor del 45 por ciento de la población carcelaria es de jóvenes y más de la mitad proviene de familias de escasos recursos.
Además, a nivel nacional 85 menores son encarcelados diariamente por cometer algún delito y dos tercios de las personas encarceladas por narcotráfico tienen entre 17 y 25 años.
Mencionaron que el promedio de escolaridad de los jóvenes mexicanos es de 10 años, mientras que 94 por ciento de aspirantes a la UNAM es rechazado; en tanto, 40 por ciento de los que tienen trabajo ganan menos de dos salarios mínimos y el promedio de ingreso mensual de los egresados de maestría y doctorado es de 9 mil 272 pesos mensuales.
Explicaron que de acuerdo con la información oficial, en nuestro país hay aproximadamente 4.4 millones de jóvenes de 15 a 17 años de edad que asisten a escuelas de educación media superior.
De ese universo, agregaron, 36.9 por ciento de la matrícula fue atendida por instituciones del gobierno federal; 29 por ciento, por las estatales; 20.9 por ciento por instituciones privadas y 13.1 por ciento por autónomas, dependientes de las universidades.
En poco tiempo, estimaron, las preparatorias y universidades privadas tendrán una buena parte del matriculado estudiantil que le corresponde atender por obligación al gobierno Federal.
