EXIGEN VIGILAR APLICACIÓN DE RECURSOS PARA VAGONEROS
12 de Febrero de 2014
Debido a la polémica que ha generado el apoyo económico que se otorgará a los vagoneros, el Diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Orlando Anaya González, presentó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a los Secretarios de Gobierno, del Trabajo y de Desarrollo Económico a dar seguimiento puntual al programa para terminar con el comercio informal en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Dicha propuesta abarca la evaluación en la creación de empleos temporales, medición del impacto en la capacitación competitiva y la transparencia en el financiamiento para la creación de empresas familiares.
“Solicitamos al GDF que explique a detalle y mediante un oficio, cómo se financiará el programa presentado por el Secretario de Desarrollo Económico, así como los indicadores que se aplicarán para medir el impacto de dicho programa y los tiempos en los que se han de llevar a cabo”, comentó.
Anaya González explicó que la finalidad de que esta información sea presentada ante la ALDF, es velar por la transparencia del uso de los recursos que se aplicarán como apoyo a los vendedores ambulantes del STCM, así como participar activamente en el funcionamiento del programa.
“El monto de los apoyos asciende a 39 millones 280 mil 500 pesos. Desde Acción Nacional esperamos que estos recursos, provenientes de los impuestos de todos los capitalinos, sean bien aplicados, queremos que en la ALDF se nos presente un oficio que detalle cómo se financiará y evaluará este programa, para poder apoyarlo y fiscalizar su adecuada instrumentación”, declaró.
El asambleísta exigió que den a conocer los acuerdos a los que han llegado los líderes de los vagoneros con el Gobierno del Distrito Federal, así como el establecimiento de un padrón de beneficiarios.
“Desde el principio se manejó que el Gobierno del DF había tenido acuerdos con algunos líderes de los ambulantes del Metro, pero nunca se dio a conocer la negociación ni quiénes estaban involucrados. Se necesitan hacer públicos los acuerdos, que se especifique a cambio de qué se van a dar esos apoyos y quiénes los recibirán”, mencionó.
El integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pidió al GDF garantice los resultados a largo plazo del programa que aplicará para el retiro de los vendedores informales en el Metro, asegurándose del retiro total de estos y evitar que a futuro lleguen otros a ocupar este espacio.
“Es fundamental que se plantee una estrategia efectiva que termine realimente con el problema, y no que sólo sea una solución temporal que a la larga de pie a la llegada de otros ambulantes o la permanencia de los que ya existen. El GDF y las autoridades del STC tienen que establecer un compromiso real con la ciudadanía. Se van a aplicar millones de pesos y necesario dar seguimiento para que el uso de estos resulte positivo”, manifestó.
Por otra parte, Anaya González, cuestionó que mientras se les brinda el apoyo económico y se estructura el proyecto para incorporar a los vagoneros a la formalidad, estos no invadan otros espacios para vender sus mercancías, ya que la cantidad que ellos reciben por esta actividad es mucho mayor que la que el Gobierno les prometió.
“La actividad que llevan a cabo los vagoneros les trae una remuneración mucho mayor que lo que el Gobierno capitalino pretende entregarles, ¿cómo se va a garantizar que los ambulantes del metro no salgan ahora a las calles a buscar comercializar sus productos?, somos sensibles al tema, pero esta práctica representa una práctica desleal a las familias que cuentan con comercios establecidos”, abundó.
El legislador panista advirtió acerca de las consecuencias que podrían resultar de seguir permitiendo que los vendedores ambulantes continúen operando en las instalaciones del STCM, reiterando que al implementar las acciones propuestas, se busca tener una solución efectiva que reactive dentro de la legalidad la economía de los vagoneros.
“De continuar por parte de las autoridades la permisividad del ambulantaje en el Metro, se incrementará la problemática presente, generando graves consecuencias sociales, económicas, de salud y seguridad como son el aumento del número de personas con estas prácticas, afectaciones a la salud física y psicológica de las y los usuarios, contaminación ambiental y acústica, explotación laboral infantil, desarrollo de plagas y la proliferación de la comercialización de productos piratas y prácticas corruptas”, finalizó.
