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FALTA IMPULSAR COMPETITIVIDAD EN MERCADOS PÚBLICOS

FALTA IMPULSAR COMPETITIVIDAD EN MERCADOS PÚBLICOS

05 de Julio de 2011

El legislador Rafael Calderón Jiménez advirtió que la Norma 29 puede evitar la instalación de minisupers en las inmediaciones de los mercados públicos, pero de ninguna manera representa una herramienta para impulsar la sustentabilidad, competitividad y desarrollo digno de los mismos.

La extinción o no de los mercados públicos del Distrito Federal no está condicionada a la modificación del esquema urbano, sino a la aprobación de una ley que tiene casi un año en la congeladora por decisión del PRD y del Jefe de Gobierno, dijo el también presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.

“Muchos mercados se están cayendo. Carecen de mantenimiento, medidas de salubridad, protección civil, de servicios y de organización en su administración. Necesitan recursos para dotarlos de modernidad, para que de esta forma puedan enfrentar con éxito y en igualdad de circunstancias cualquier competencia”, comentó.

Los perredistas en la Asamblea Legislativa, detalló, hablan de darle orden a los distintos espacios de la ciudad, pero olvidan que así como el órgano legislativo está facultado en materia de ordenamiento territorial, también lo está para impulsar una ley que rescate a un sector económico de impacto para las familias que dependen de su actividad, como son los mercados públicos.

El PRD, agregó Calderón Jiménez, se dice preocupado por la competencia desleal entre tiendas de conveniencia y los puntos tradicionales de venta, pero es el único Grupo Parlamentario en la Asamblea Legislativa que no comparte la necesidad de aprobar la Ley de Mercados.

Adelantó que al igual que otras fuerzas políticas, su grupo parlamentario buscará una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, para reforzar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) y, al mismo tiempo, insistirán en la necesidad de aprobar, la legislación que con carácter de urgente requieren las más de 70 mil familias que dependen de esta actividad económica.