FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRALORÍA GENERAL: DIPUTADOS
30 de Marzo de 2010
Boletín # 474
• Anuncia auditorías a Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
Falta de transparencia en las auditorías aplicadas a distintas dependencias, en la información relativa a las sanciones aplicadas a servidores públicos corruptos o ineficientes y en materia de adquisiciones, fueron algunos de los cuestionamientos de los diputados de diferentes fracciones parlamentarias al Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, Ricardo García Sainz.
Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el contralor general aseguró no estar en condiciones de revelar información que se encuentra por ley bajo estado de secrecía. No obstante, dijo que se han iniciado auditorías a las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos, pero advirtió que cualquier información adelantada distorsionaría la acción.
Así respondió a los señalamientos del diputado perredista Héctor Guijosa Mora, quien preguntó si la Contraloría ha iniciado procedimiento en relación a la publicación de dos videos proporcionados por el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael Rivera, en donde aparecen ex servidores públicos de la delegación Cuajimalpa extorsionando a nombre del delegado Carlos Orvañanos y su Director Jurídico y de Gobierno.
El diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló la necesidad de fortalecer las facultades de los órganos de control y vigilancia del ejercicio público, así como de transparencia. Propuso mejorar los indicadores de gestión que permitan realizar evaluaciones de forma correcta; actualizar leyes, reglamentos y manuales operativos que eviten la duplicidad de programas sociales y obras; y capacitar al personal de las contralorías
El diputado Norberto Solís Ascencio Cruz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pronunció por un nuevo orden legal y aumentar las sanciones contra los servidores públicos corruptos, transparentar todos los procesos de revisión e incrementar la participación de los contralores ciudadanos.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado Octavio West Silva, afirmó que el informe del contralor general carece de información que dé certeza sobre el registro de servidores públicos sancionados. El diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pidió información sobre las oficinas de gobierno con mayores quejas.
En nombre de Acción Nacional, Juan Carlos Zárraga aseguró que el Distrito Federal es la segunda entidad más corrupta del país en la realización de trámites y ejecución de bienes y servicios. Informó que su bancada presentará una iniciativa para que el Contralor General del Gobierno capitalino sea nombrado por la Asamblea Legislativa para asegurar que actúe con verdadera imparcialidad al sancionar a cualquier servidor público que se desempeñe al margen de la ley, incluyendo al Jefe de Gobierno.
Por su parte, el diputado Mauricio Tabe Echartea (PAN), requirió información sobre los numerosos procesos de adquisiciones a través de adjudicación directa o invitación restringida por parte de algunas dependencias, como es el caso de la Secretaría de Gobierno en donde más de 80 por ciento de los contratos no fueron adjudicados mediante licitación pública.
El legislador Tabe Echartea se refirió a los alcances y a la invasión de facultades del Instituto de Verificación, en tanto el diputado Norberto Solís demandó mayor control y verificación sobre los establecimientos mercantiles para garantizar su correcto funcionamiento.
El diputado perredista Fernando Cuéllar Reyes se refirió a las acciones aplicadas a indemnización de las familias afectadas por la construcción de la Línea 12 del Metro, así como al rezago en los pagos a proveedores.
El contralor general se pronunció porque el gobierno cuente con una contraloría en su interior, subordinada al titular del Ejecutivo pero no servil; por el fortalecimiento y modernización de los órganos externos como la Contaduría Mayor de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación para que podamos avanzar en una rendición de cuentas dinámica y oportuna. “Trabajemos para que la revisión limitada y desfasada de informes y cuentas públicas, sea parte de la historia”, dijo.
En cumplimiento del Programa de Auditoría para el periodo de abril a diciembre del ejercicio 2009, las contralorías Internas realizaron 429 auditorías y en el primer trimestre del 2010 se encuentran en proceso 135 más, aseguró el servidor público.
Respecto del Instituto Verificador indicó que el problema de invasión de facultades de las jefaturas delegacionales es inexacto, pues dijo que se planea centralizar la tarea de selección de los verificadores y establecer rotar a estos servidores públicos para no generar acciones de corrupción, pero se mantiene el principio de la asignación de los verificadores a los distintos ámbitos de las delegaciones.
En respuesta a los diputados Norberto Solís (PVEM), Fernando Cuéllar (PRD) y Emiliano Aguilar (PRI), respecto a la suspensión del proceso de construcción de los trenes destinados de la Línea 12 del Metro y las acciones para atender las demandas de la población afectada, el contralor indicó que el problema de la compra de los convoyes está en pleno litigio.
Señaló que se ha procedido con el pago de las indemnizaciones de los habitantes afectados por la obra y se cubrieron a precios justos por los terrenos expropiados, incluso señaló que se contrataron los servicios de una supervisión externa cuya única tarea es la de vigilar el avance de la obra, la confirmación de las especificaciones y toda la inmensa complejidad técnica de la parte relativa a los diseños y a los planteamientos de los proyectos ejecutivos.
En la construcción de un propósito de integridad, dijo que deben fortalecer el orden jurídico, simplificar los trámites, abrir canales para la presentación de denuncias, hacer más expedita la procuración de justicia y fortalecer los mecanismos de transparencia, no sólo en los entes públicos, sino en todas aquellas instituciones o sociedades que manejan recursos de la colectividad.
Durante 2009 se concluyó la simplificación de los trámites requeridos para la apertura de negocios y permiso de construcción y su homologación en las delegaciones, y este año se realizan visitas a las delegaciones para vigilar la aplicación de estos procedimientos, con los cuales se estima reducir en un 30 por ciento los tiempos en los trámites gestionados.
A casi 2 años de su lanzamiento, el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal se ha constituido en un canal estratégico de información y proyección para el gobierno capitalino; por su enfoque de redes sociales y herramientas Web, han sido reconocidos por especialistas, como la quinta mejor práctica de gobierno electrónico en el país.
Con respecto a la batalla por la transparencia, durante 2009 se cumplieron los objetivos trazados de disminuir el tiempo de atención a las solicitudes a seis días.
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