FALTAN RECURSOS PARA RECONOCER AGUA COMO DERECHO
30 de Septiembre de 2011
El reconocimiento del suministro del agua como un derecho humano por el Senado de la República, debe ser acompañado con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012, para lo cual es necesario que los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión recompongan la propuesta calderonista, de tal manera que haya asignaciones en infraestructura hidráulica que permitan otorgar este servicio vital para la población de manera eficiente y con la mayor cobertura posible.
Así lo declaró la diputada Aleida Alavez, al expresar su beneplácito porque el Senado de la República haya reconocido que el acceso al agua es un derecho humano para todos los mexicanos. Agregó que el Distrito Federal es la única entidad donde ya está reconocido el acceso al agua como un derecho humano.
“Para acompañar la reforma que aprobó el Senado en la Constitución, la Cámara de Diputados debe hacerla valer con recursos, para que los organismos responsables del suministro de agua tengan la capacidad de otorgarlo”, enfatizó.
Aseveró que elevar a rango constitucional el derecho al agua implica que todos los niveles de gobierno se hagan responsables de hacerlo valer, lo que conlleva el establecimiento de políticas públicas de inversión en infraestructura hidráulica para dar el servicio, lo que a su vez requiere el compromiso de otorgar presupuestos suficientes.
Sin embargo, dijo, es en ese aspecto donde estamos mal, porque en el paquete presupuestal presentado por el Ejecutivo Federal para el 2012, el programa que atiende la problemática del agua en las zonas urbanas se mermó en más del 70 por ciento con respecto del año pasado.
Indicó que en la propuesta de presupuesto que se presentó a la Cámara de Diputados, se disminuyó drásticamente el monto que se le da al Apasu, programa de alcantarillado para las zonas urbanas con apenas cinco mil millones de pesos para todo el país, y en el caso del Distrito Federal no se contempla ni un solo peso.
Subrayó que con este avance logrado en el Senado, al reformar el artículo IV Constitucional, se evita cualquier intención de privatizar el servicio del agua, sea esto de manera abierta o soterrada, porque simplemente no puede lucrarse con un derecho, y una empresa privada siempre apostará por obtener las mayores ganancias.
“La población siempre debe tener la garantía de acceder al servicio de agua potable, sin que el Estado se desentienda de esta responsabilidad, porque la participación privada en sectores tan estratégicos y ahora como derecho constitucional, no puede aceptarse bajo ningún concepto”, subrayó.
Sostuvo que el Estado debe resguardar que nuestros recursos estratégicos se mantengan salvaguardados de cualquier interés empresarial, no porque sea esto necesariamente malo, sino porque ello no te da garantía que se haga efectivo el acceso a los servicios básicos.
Mencionó que el discurso de la privatización siempre tiende argumentar la necesidad de modernizar y hacer más eficientes y baratos los servicios, pero la experiencia de años demuestra que eso no es cierto, porque se encarecen las tarifas y el Estado deja de cumplir sus obligaciones.
Hizo énfasis en que de ninguna manera está peleado el hecho de que el Estado mantenga en sus manos la operación de los servicios públicos, con la modernización y la operación eficiente, por el contrario, dijo, se afianza la garantía de que todos tengan acceso al suministro del agua.
