GCDMX debe resolver inseguridad en transporte público de Iztapalapa
11 de Junio de 2017
- Solicita a las autoridades de seguridad y de movilidad aplicar y crear operativos y mecanismos para detener esta ola de violencia
- La gente está cansada de ser intimidada por delincuentes confesos que les piden una cuota voluntaria a cambio de no asaltarlos
- En abril pasado, Iztapalapa registró la alarmante cifra de 2 mil 331 carpetas de investigación, sin contar los delitos que no son denunciados
Ante la alarmante y constante inseguridad que enfrentan usuarios del transporte público en Iztapalapa, la diputada Aleida Alavez demandó al Gobierno de la Ciudad de México aplicar operativos de seguridad y crear mecanismos con los concesionarios para combatir la ola de asaltos que se enfrenta día con día en esta delegación.
La legisladora lamentó la inseguridad que azota a Iztapalapa y que las autoridades delegacionales estén rebasadas por la delincuencia que se ha asentado en la delegación, por lo que demandó al gobierno local “voltear los ojos a esta zona de la Ciudad de México y proporcionar a sus habitantes la seguridad a que tienen derecho”.
Alavez Ruiz explicó que se han incrementado de manera alarmante las quejas de los vecinos sobre los asaltos de que son víctimas en varias rutas del transporte público concesionado, en particular en la 119, 37, 14, 32 y 35, a las que los usuarios consideran muy peligrosas.
El punto en común de estas rutas, dijo, es que convergen en el paradero del Metro Constitución de 1917, con un modus operandi muy similar, lo que hace pensar que se trata de un mismo grupo de delincuentes. Además, usuarios sospechan que algunos choferes pudieran estar coludidos, aunque muchos de ellos también son asaltados.
Puso como ejemplo el caso de la ruta 32, considerada la más peligrosa y que cubre de Renovación al Paradero de Constitución de 1917. La logística utilizada por los delincuentes es tan simple que ya la conocen muchos usuarios: una mujer aborda una unidad, detecta cuántos celulares están siendo utilizados, valora el monto del posible botín y por teléfono lo informa a sus cómplices para que aborden el microbús y a mano armada asalten a los pasajeros en la más absoluta impunidad.
Dijo que “en el colmo del cinismo, delincuentes confesos intimidan a los usuarios de las rutas mencionadas y les imponen el pago de una cuota –diferente a hombres y mujeres— a cambio de no asaltarlos porque acaban de salir del reclusorio y están desempleados”. Ante esta amenaza velada, los usuarios pagan su “cuota voluntaria”.
Por lo anterior, la legisladora presentará un punto de acuerdo solicitando a las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública y la de Movilidad, así como a la Procuraduría General de Justicia capitalinas, para que en coordinación con los concesionarios del transporte público, apliquen operativos permanentes para detener esta ola de violencia.
Detalló que la Ruta 11 cubre Pantitlán, Plaza Oriente, Rojo Gómez y Sur 16; la 14 se desplaza al Bordo de Xochiaca, Policía Federal, CCH, Reclusorio Oriente, Lomas de San Lorenzo, Agrarista, Vergel, Estación y Clínica 35; la 37 recorre Hank González, Altamirano, Plan de Ayala, Vicente Guerrero, Cabeza de Juárez, La Era, Pueblo de Santa Cruz, Magueyera, Insurgentes, Santa Cruz y Tenorios; la 37 tiene diferentes ramales y casi todas llegan al paradero de Constitución de 1917 y otras al Metro Aeropuerto. La 119 corre por Amado Nervo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta el paradero Constitución de 1917.
De acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal, que emite la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en abril 2016 se iniciaron 16 mil 947 averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo que significa que se reportó un promedio diario de 564; en el mismo periodo de 2017, la cifra se elevó a 17 mil 135 averiguaciones.
En abril pasado, la delegación Iztapalapa registró 2 mil 331 carpetas de investigación, lo que también representó un incremento con respecto de abril de 2016 con 2 mil 291.
Sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad que se vive, porque un número indeterminado de delitos no se denuncia, en particular los cometidos en el transporte público.
