GOBIERNO DEBE GARANTIZAR DERECHOS DE RECLUSAS
25 de Julio de 2011
Con el objetivo de mejorar la vida de las mujeres privadas de su libertad en el Distrito Federal, la ALDF organizó el foro Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión, en el que se dio a conocer que las ineficiencias en la determinación de sentencias dan como resultado que mujeres acusadas paguen condenas anticipadas por delitos no cometidos.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Beatriz Rojas Martínez, resaltó que el año pasado, 20 por ciento de las mil 997 internas enfrentaban cargos por delitos del fuero federal, especialmente relacionados con el tráfico de drogas; en tanto, por delitos del fuero común la principal el robo fue la principal causa de encarcelamiento, seguido del secuestro y el homicidio.
Precisó que 70 por ciento de las reclusas tienen entre 18 y 30 años de edad, de las cuales 50 por ciento se dedicaban, antes de delinquir, a labores del hogar y el resto se desempeñaba como empleadas domésticas y comerciantes.
La legisladora resaltó que para la ALDF el respeto de los derechos humanos de las mujeres en reclusión es fundamental, porque son víctimas de discriminación que se deriva de su condición de género y su situación de encierro.
Lo anterior, dijo, da como resultado que reciban penas más severas a las que se imponen a hombres por los mismos delitos. Ello como consecuencia de la falta de perspectiva de género en la aplicación de la justicia.
Entre las prioridades de este cuerpo colegiado, sostuvo Rojas Martínez, se encuentra garantizar el derecho a vivir libres de violencia en los reclusorios, por lo que es necesario erradicar el abuso sexual de que son objeto algunas mujeres en los centro de readaptación social.
Dijo que también se busca que se les otorgue servicios médicos de calidad para ellas y sus hijos, así como los medicamentos. Por su parte el ombudsman capitalino, Luis Armando González Placencia, afirmó que generalmente las mujeres ingresan a los centros de reclusión a causa de procesos de investigación deficientes donde no se toma en cuenta como atenuante su vulnerabilidad estructural.
Reconoció que en México fue tardío el diseño e implementación de mecanismos institucionales para que las mujeres accedan sin discriminación a una vida libre de violencia, y que tampoco se ha hecho lo suficiente para que las autoridades encargadas de impartir justicia se apropien de los contenidos de la legislación en la materia.
En tanto, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Atención a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia local, Zulma Campos Mata, sostuvo que las reclusas enfrentan distintas fases de violencia, entre ellas la historia de agresiones que viven, lo que detona en una conducta violatoria de las normas; otra se da durante el proceso para su ingreso y su estancia en el mismo, donde son abandonadas por amigos y familia, situación distinta a la que viven lo hombres.
Por lo anterior propuso que las mujeres sean tratadas de forma equitativa y justa en el periodo de detención, proceso, sentencia y encarcelamiento, prestando particular atención cuando estén embarazadas y cuidando a sus hijos menores.
